Movilización de padres de niños con discapacidad afectados por la falta de actualización de los aranceles de prestadores. Foto de archivo.
El nuevo proyecto de ley enviado por el gobierno de Javier Milei encendió alarmas entre prestadores de servicios para discapacitados en Mendoza. La iniciativa, presentada como una herramienta para combatir irregularidades en pensiones por invalidez, introduce cambios de fondo en el sistema que, según advierten en el sector, podrían afectar la continuidad de tratamientos y el acceso a prestaciones, las que ya están resentidas hace casi dos años.
La propuesta modifica el régimen vigente y redefine el alcance de las pensiones no contributivas, estableciendo criterios más estrictos de acceso, auditorías periódicas y un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios. Además, incorpora la incompatibilidad entre el cobro de la pensión y cualquier tipo de trabajo formal.
Pero el punto que más preocupa en Mendoza no está solo en las pensiones, sino en el impacto sobre el sistema de prestaciones. El proyecto introduce un cambio clave: deja de garantizar valores arancelarios uniformes a nivel nacional y habilita que cada jurisdicción o financiador defina cuánto paga por los servicios. Además, se establece que la cobertura será “un piso mínimo”, ya no necesariamente homogéneo en todo el país.
Movilización discapacidad
Familiares de pacientes con discapacidad, prestadores médicos y de servicios realizaron manifestaciones frente a las oficinas de Nación en Mendoza, por el atraso en el pago de las prestaciones. Foto de archivo.
Prestadores de Discapacidad apelaron a los senadores nacionales
Desde instituciones que brindan atención en rehabilitación, transporte, acompañamiento terapéutico y centros de día advierten que este esquema puede profundizar las desigualdades territoriales. “Se rompe la lógica de sistema nacional. Vamos a depender de la capacidad de pago de cada provincia o financiador”, advirtió el director general de ElNaranjito, Gustavo Kretschmar, en diálogo con Diario UNO.
En ese contexto, una de las voces del sector en Mendoza fue más allá y puso el foco en la contradicción entre la ley vigente y la iniciativa oficial: “Lo que ha salido publicado es el aumento que marca la Ley de Emergencia, pero sin haberla aplicado. Lo más grave no es eso, ahora están mandando el proyecto de ley que han enviado al Congreso, con un artículo en el medio donde desarman todo el sistema de la ley de prestaciones básicas para personas con discapacidad”, alertó el coordinador en Mendoza de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales de Argentina.
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Los prestadores de discapacidad convocaron a los senadores por Mendoza a estudiar en detalle el proyecto de la nueva Emergencia en Discapacidad girado por el presidente Javier Milei.
Por eso, hizo un llamado urgente a los senadores nacionales por Mendoza, quienes serán los primeros en dar tratamiento a la nueva Emergencia en Discapacidad.
Otro de los puntos sensibles es la posibilidad de que Nación transfiera responsabilidades a las provincias mediante convenios. En un contexto de restricciones presupuestarias, los prestadores temen que eso derive en demoras en los pagos o recortes en la cobertura.
El proyecto también prevé auditorías masivas con cruces de datos y la posibilidad de suspender beneficios de manera preventiva si se detectan inconsistencias. Si bien desde el Gobierno sostienen que el objetivo es ordenar un sistema con fuertes irregularidades y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, en el sector advierten que el mecanismo puede generar bajas masivas o interrupciones en tratamientos.
“Estamos de acuerdo en que hay que transparentar, pero no a costa de poner en riesgo la atención”, plantean desde entidades mendocinas, donde el sistema ya arrastra atrasos arancelarios y dificultades de financiamiento.
Hay una emergencia vigente que no se cumple
Este lunes se conoció a través de una publicación en el Boletín Oficial de la Nación que las prestaciones a abril del 2026 debían ser liquidadas con un incremento del 3,4%.
Sin embargo, quienes están al frente de estos centros terapéuticos advierten que aún no se pagan los aumentos fijados desde el año pasado.
La Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue vetada por el Poder Ejecutivo y luego ratificada en el Congreso, sigue sin ponerse en vigencia plenamente.
Los centros médicos y educativos visibilizaron la problemática económica que genera los retrasos en los pagos que debe hacer Nación y hasta pararon las actividades en dos oportunidades el mes pasado.
Ahora, los prestadores abren un nuevo frente al proyecto "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", que terminaría por desmantelar el sistema, según denunciaron.
