En su discurso del 1º de mayo, el gobernador Alfredo Cornejo anunció una operatoria específica para construir 250 viviendas destinadas a docentes. Se accederá a esta iniciativa a través de crédito bancario y participación del sector privado. El plan apunta a trabajadores de la educación con cierta antigüedad y capacidad de pago, y exigirá un ahorro previo equivalente al 20% del valor de la vivienda.
Soluciones habitacionales
Plan para viviendas docentes similar al IPV: La DGE informó los requisitos para acceder a la construcción
En mayo comenzará la convocatoria para las 250 viviendas. También avanza la operatoria para levantar 350 casas familiares con fondos públicos y privados
Un barrio típico construido por el IPV, así serán las viviendas para docentes. (Imagen de archivo).
En paralelo, también se anunció otra línea financiada con 10 millones de dólares del fondo del resarcimiento, que permitirá levantar hasta 350 viviendas financiadas en conjunto entre el Estado y desarrolladores privados. En este caso, no estará restringido a docentes sino a quienes cumplan condiciones de acceso a vivienda única dentro de las bases del IPV.
Cómo será el plan de 250 viviendas para docentes
La iniciativa para docentes se estructurará a partir de una convocatoria al sector privado que se abrirá en mayo, cuando se publiquen los pliegos para que empresas y desarrolladores presenten proyectos de construcción.
Según explicó el subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo, habrá dos modalidades posibles: proyectos en terrenos propios de los desarrolladores o en tierras que aporte el Estado, principalmente a través de la Dirección General de Escuelas. Entre los lotes ya considerados hay ubicaciones en Guaymallén, Ciudad y San Rafael, aunque también se espera que municipios ofrezcan nuevos terrenos.
El plan prevé una primera etapa de 250 viviendas, con unidades de aproximadamente 60 m2. El valor estimado de cada casa, incluyendo urbanización, oscilará entre 100 y 120 millones de pesos.
Uno de los puntos centrales del esquema es el financiamiento: el 80% del valor de la vivienda será cubierto mediante crédito bancario -posiblemente con participación del Banco Nación, aunque no de forma excluyente-, mientras que el 20% restante deberá ser aportado por el adjudicatario como ahorro previo.
Ese ahorro no se exigirá en un principio, sino que podrá financiarse en cuotas en plazos de 12 o 24 meses. Lo que esto implica es que el docente deberá reunir entre 20 y 25 millones de pesos en ese período, dependiendo del valor final de la vivienda.
En cuanto a los requisitos, se establecen condiciones similares a las de otras operatorias del IPV. El principal criterio es que el grupo familiar alcance ingresos equivalentes a cinco salarios mínimos, vitales y móviles, lo que hoy ronda aproximadamente 1,4 millones de pesos. Además, se priorizará a docentes titulares, ya que la estabilidad laboral es un factor clave para acceder al crédito.
La inscripción se abrirá a mediados de junio, una vez definidas las propuestas de construcción. Allí se realizará una preinscripción a través del IPV, donde se verificará que los aspirantes cumplan con los requisitos. En esa instancia, los interesados deberán elegir el proyecto habitacional al que quieren postularse, ya que la ubicación será un dato a tener en cuenta.
Otro aspecto importante, según explicó Daparo, es que se buscará flexibilidad en los tiempos de entrega de la vivienda: quienes logren completar el ahorro en 12 meses podrán acceder antes a su casa, mientras que aquellos que lo hagan en 24 meses deberán esperar ese plazo. Luego de la entrega, el beneficiario continuará pagando el crédito hipotecario, que podría extenderse hasta 30 años.
El rol del Estado será principalmente de supervisor de la entrega de las viviendas, supervisará la continuidad de las obras y facilitará el acceso a los terrenos, pero la construcción y financiamiento serán tarea del sector privado.
El plan con fondos del resarcimiento para unas 350 viviendas
El gobierno implementará, además, otra línea de viviendas con financiamiento proveniente del fondo del resarcimiento, por un total de 10 millones de dólares. A diferencia del programa docente, esta operatoria no estará restringida a un sector específico, sino que apuntará a público general que cumpla condiciones de acceso a vivienda única.
La subsecretaria de Infraestructura, Marité Badaui, detalló que este plan también se basa en una articulación con privados. En este caso, el Estado financiará hasta el 40% del valor de cada vivienda, tomando como referencia un tope de 130 millones de pesos por unidad.
El 60% restante deberá ser cubierto por el desarrollador, ya sea con recursos propios o mediante acuerdos con los beneficiarios. La lógica es que el privado asuma un rol más activo en la inversión, a diferencia de modelos anteriores donde el peso recaía mayormente en el sector público.
Las propuestas deberán presentarse en iniciativas que contemplen entre 5 y 35 viviendas. A partir de esa dinámica, se estima que el programa permitirá construir hasta unas 350 casas, aunque ese número podría variar si los desarrolladores logran reducir costos mediante métodos constructivos más eficientes.
En cuanto al financiamiento estatal, los desarrolladores deberán devolver los fondos al IPV en un plazo de 10 años, con una tasa equivalente a la del Banco Nación menos dos puntos, lo que implica condiciones más favorables que las del mercado.
El Estado, además, establecerá ciertas regulaciones importantes. Por un lado, exigirá que las viviendas estén destinadas a uso único. Por otro, controlará que las condiciones de financiamiento que los privados ofrezcan a los beneficiarios no resulten abusivas.
Sin embargo, no intervendrá directamente en la relación comercial entre desarrollador y comprador. Es decir, cada empresa definirá cómo estructura el financiamiento del 60% restante, aunque bajo la supervisión estatal para evitar tasas excesivas.
Para la selección de beneficiarios de viviendas, el Gobierno aportará sus bases de datos del IPV, donde ya están identificadas personas que cumplen con condiciones mínimas de acceso, como ingresos estables que permitan afrontar una cuota. En este caso, el piso también se ubica en torno a dos salarios mínimos.
Dos modelos de vivienda con participación del sector privado
Ambas iniciativas de construcción de viviendas comparten como rasgo central el protagonismo del sector privado. Esto tanto para la etapa de levantar las casas, como para el financiamiento. El papel del Estado es más bien el de regulador y facilitador y no ejecutor directo.
En el caso de los docentes, el proyecto apunta a resolver una demanda específica, ya que se estima que más de 5.000 trabajadores de la educación sin vivienda propia podrían acceder mediante créditos y ahorro previo. En el programa del resarcimiento, en cambio, el foco está en ampliar la oferta habitacional general, incentivando la inversión privada con financiamiento parcial.
Los dos modelos de construcción de viviendas apuntan a que ante la imposibilidad de cubrir el déficit habitacional solo con recursos públicos, la estrategia es que se realice un esfuerzo en conjunto entre el Estado y los privados.