La Fiscalía de Estado, acompañada por el Gobierno de Mendoza, acudió a la Corte por la muerte de 34 cóndores.
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En el reclamo se solicita que las empresas y personas responsables paguen un Programa de Recomposición del daño ambiental producido por la muerte de 34 especímenes de cóndor andino.
El hecho ocurrió en enero de 2018 en Malargüe cuando aparecieron 34 cóndores andinos muertos.
En una investigación hecha por la Universidad Nacional de Cuyo, a pedido de la Fiscalía de Estado, se concluyó que la mortandad implica una alteración ambiental grave y relevante, la que se debió a un envenenamiento con carbofurán ocasionado por la práctica ganadera, entendiéndose que existe responsabilidad por parte de los particulares que desarrollan esas actividades y de las empresas propietarias de los predios con quienes dichos productores tienen contratos para la explotación de los mismos.
Esto fue calificado como daño ambiental colectivo, es decir” un daño que afecta en forma conjunta e indivisible a la comunidad toda, en su derecho a la protección del medio ambiente”.
El Cóndor andino (Vultur Wryphus) es una especie autóctona que ha sido declarada Monumento Natural por Ley 6599. También ha sido calificada dentro de las especies en peligro de extinción.
En tal marco, Fiscalía de Estado junto al Gobierno de Mendoza -representado por la Asesoría de Gobierno- ha interpuesto ante la Corte nacional una demanda requiriendo la ejecución de labores necesarias para restituir la situación de entorno natural a través de la constitución de un Fondo de Recomposición Ambiental del Cóndor Andino en la zona donde se produjo afectación.
