El escándalo que estalló en Salta cuando se tomó conocimiento de que a una monja mendocina no le permitían salir de un convento de las Carmelitas Descalzas, agravado por la enfermedad que la aqueja y el tratamiento que debe recibir, tuvo otro capítulo importante esta martes cuando la religiosa dio su testimonio ante la Justicia de esa provincia.
Investigación en marcha
La monja mendocina que fue privada de la libertad en un convento declaró en la Justicia de Salta
Una monja mendocina, enferma de cáncer, estaba impedida de dejar el Convento San Bernardo de las Carmelitas Descalzas en Salta. Por la denuncia de la familia intervino la Justicia de esa provincia y la rescató
El convento San Bernardo de las Carmelitas Descalzas está en plena capital de Salta.
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La investigación que encabezó el Ministerio Público Fiscal de Salta, que incluso creó una unidad especial para seguir el caso, está orientada a determinar si hubo privación ilegítima de la libertad no sólo de la monja de Mendoza sino de otra mujer de esa congregación que, sin embargo, pudo salir del encierro bajo un pretexto y no regresó.
Las dos víctimas declararon ante la Justicia y aunque no se dio información oficial al respecto los medios de comunicación de la provincia norteña estimaron que ratificaron los hechos denunciados la semana pasada. Mientras tanto, se continúan tomando medidas para avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.
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Qué pasó con la monja mendocina
La monja mendocina, de apellido Díaz, fue rescatada en un allanamiento la semana pasada en el convento San Bernardo de las Carmelitas Descalzas en plena capital salteña. Fue por la denuncia de una hermana de la religiosa de Mendoza que le había contado que quería dejar el lugar y las autoridades se lo impedían.
El fiscal penal número 2, Ramiro Ramos Ossorio, explicó a los periodistas: "A través de una hermana, la víctima había manifestado que quería abandonar la institución y dijo que se no se le otorgó la autorización. Expresó tener algunos problemas de salud y fue personal policial para constatar el estado. Las autoridades nunca abrieron la puerta para iniciar una instancia de diálogo, hasta que se ordenó el allanamiento".
Y sumó: "La persona damnificada tiene más de 30 años dentro del convento. Padece problemas de salud desde hace ocho años y siente que no recibía buenos tratos. Los bomberos tuvieron que entrar por el techo del edificio".
La palabra del abogado de la familia de la monja mendocina
Guillermo Alberto, abogado de la familia de la monja dio más detalles, publicados en el sitio El Expreso: "Concretamente hubo una denuncia por privación de la libertad. La señora Sandra Díaz dijo que su hermana estaba recluida y que el claustro le impedía sistemáticamente tener contacto con ella. Se encontraba en pésimo estado de salud con un tratamiento de quimioterapia que tenía que concretar y no tenía respuestas por las autoridades del convento San Bernardo, así que hicimos la denuncia de inmediato".
El letrado agregó que "las irregularidades comenzaron por este problema de salud, ella necesitaba salir de manera habitual al médico y necesitaba la contención de la familia, pero no recibían buen trato, y tampoco los dejaban verla regularmente. Incluso se le hizo hacer una carta donde dijera que no quería salir del convento. Telefónicamente venía manifestando su intención de retirarse porque veía que la enfermedad y el modo de vida dentro del convento no eran compatibles".
El representante del convento, Juan Ávalos consideró por su parte que la monja no estaba privada de su libertad como se caratula la denuncia. "Las monjas pueden entrar y salir libremente", según él.
El convento es administrado por María Livia (señalada como "vidente") y su esposo, Carlos Obeid, quienes están envueltos en constantes disputas por ser promotores de la imagen de la Virgen del Cerro, que no es reconocida por el Arzobispado de Salta cuyo representante legal, Eduardo Romani, explicó por qué no intervinieron en el caso.
"Tuvimos la comunicación del profesional que asesora a la familia de la señora. Personal del juzgado se reunió con la persona afectada. El arzobispo tiene todavía estas restricciones de acercamiento. Caso contrario, se podría haber accionado", dijo.
Sin embargo, indicó que las autoridades del convento debieron haber informado de manera inmediata sobre los pedidos para retirarse de las dos monjas. "Esa situación hace que se confirme el delito de privación de la libertad", se adelantó.
El letrado aseguró que ante el pedido de retirarse de las hermanas debe regir el "principio de libertad absoluta" porque una monja ingresa por voluntad al convento y se puede retirar de la misma manera.
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