Más de 70 jardines maternales privados de toda la provincia se presentarán en Tribunales este jueves para pedir la inconstitucionalidad de la nueva reglamentación (Ley 9.201) destinada a regular su funcionamiento. Desde el sector advirtieron que no fueron consultados antes de dictar la norma y que provocará un aumento importante en las cuotas.
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Fue en noviembre del 2019 que la Legislatura convirtió en ley el cuerpo, en que se establece que las instituciones privadas que se encarguen de la atención de niñas y niños, desde los 45 días hasta los 3 años inclusive, comenzarán a estar bajo la supervisión de la Dirección General de Escuelas.
En Mendoza, son alrededor de 500 las instituciones destinadas al cuidado de pequeños que aún no están en edad escolar. Antes de la disposición sancionada, eran las municipalidades las encargadas de controlarlos a través de ordenanzas que regulaban su habilitación, registro, seguridad, salubridad y condiciones edilicias.
La flamante reglamentación establece profundos cambios en cuanto a las instalaciones y personal necesario para poder funcionar. También plantea, en su artículo 16, que los establecimientos contarán con 90 días para adecuarse a la normativa. Por lo tanto, en marzo deberán contar con los nuevos requerimientos.
Con el patrocinio del abogado Pablo Cazabán, este jueves se presentará ante la Justicia un pedido de inconstitucionalidad y una medida cautelar para que, mientras se debate el tema de fondo, se suspenda su aplicación.
"Nosotros entendemos que se violan varios principios constitucionales, primero el de igualdad porque los jardines maternales de organismos estatales -y los que se denominan SEOS- cumplen la misma función y no tienen ni la mitad de las exigencias de personal ni edilicias que se plantean esta ley, mientras que perciben ayudas económicas del Estado", señaló el letrado que representa a más de 70 guarderías que llevarán adelante el camino judicial.
No todo el cuerpo normativo es resistido por los directivos y dueños de estas instituciones, sino que son cinco los que se intentarán modificar (el 4, 10, 11, 13 y 16).
"Esto no significa que no queremos nuevas regulaciones o que escondemos algo. Primero hay que explicar que nosotros ya tenemos controles pero los requisitos que se plantean en la ley son casi imposibles de cumplir", advirtió Verónica Díaz, titular del jardín Rey Dragón, de Guaymallén.
Es que, entre las modificaciones, se establece que no podrán estar frente al aula estudiantes avanzados de la carrera de educación inicial. "Tengo el jardín hace 18 años y la persona de mi mayor confianza trabaja hace 16 pero no se ha recibido. Según la ley, yo tengo que despedirla porque no tiene título", se queja Díaz. Sobre este punto, Cazabán agregó: "Estamos en emergencia económica, esto significa que está vigente la doble indemnización. Acá nadie explica cómo van a hacer estos establecimientos para afrontar todos estos gastos antes de marzo".
Además de temer por el cierre de varios de estos jardines, Cazabán también indicó que supondrá un enorme incremento en las cuotas de quienes sigan en funcionamiento debido al aumento de exigencias con respecto a la cantidad y profesionalidad del personal. "Esto va en contra de una actividad legal y, si bien la idea es resguardar los derechos de los niños y niñas, provocará un fin completamente contrario", opinó el letrado.
Actualmente, el valor de una cuota va de los $3.000 a los $5.000. Este monto podría duplicarse si los jardines se ven obligados a adecuarse al nuevo reglamento. Lourdes González, titular del jardín Cua Cua, de Godoy Cruz, explica que, a pesar de haber presentado cartas y documentación contable a los legisladores, no fueron escuchadas.
"Creemos que no se contemplaron ciertas particularidades que tenemos. Por ejemplo, durante el año la cantidad de chicos va variando, no se trata de una matrícula estable", subrayó González, quien lamentó que no se hayan tomado en cuenta sus opiniones antes de legislar sobre el sector.
