El fiscal sostuvo que en la investigación “hay dos posibilidades, que se trate de un tema técnico, por una falla eléctrica en el freezer, o un atentado”. Manifestó que por el momento no se puede “apresurar por ninguna de las dos” y que deben determinar a través de las cámaras de seguridad “quiénes ingresaron el fin de semana” al centro de salud.
Explicó que si determina que fue un atentado la causa “podría pasar a la justicia federal”. Mencionó el artículo 205 del Código Penal, que sanciona con prisión de seis meses a dos años al que “violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
La fiscal de la causa Viviana Beytía explicó que las vacunas estaban guardadas en un espacio de dimensiones reducidas y que hay cámaras que registran tanto el acceso a este lugar como los freezers que están allí, donde estaban almacenadas las inmunizaciones.
Dijo que estos dispositivos funcionan y graban las imágenes y que pidió la preservación de este material desde el 2 al 4 de enero, fecha en que se realizó la denuncia. A partir de estas grabaciones los investigadores tratarán de determinar quién o quiénes pueden haber estado implicados en las irregularidades.