Muchos recuerdan que a Roberto El Mula Iglesias “le pasaron todas” durante su mandato como gobernador de Mendoza entre 1999 y 2003.
Y enumeran: la caída del gobierno de De la Rúa, los cinco presidentes de la Nación en once días, el motín vendimial en el año 2000, el traslado de la Fiesta de la Vendimia al Estadio Malvinas Argentinas para achicar gastos en 2002, los recortes de los sueldos públicos, la pelea con los jueces por los salarios y la puesta en marcha de la cuasimoneda Petrom para que el Estado siguiera en pie.
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Pero hubo otro episodio histórico, grave, de tinte policial pero también político-judicial, que reavivó la puja entre Gobierno y Justicia: el robo de armas de fuego acopiadas en el depósito de secuestros judiciales.
Ocurrió un lunes. Era 26 de noviembre de 2001. En Sargento Cabral 429 de la Quinta Sección de Ciudad, cerca de donde vivía el entonces ministro de Seguridad, Leopoldo Orquín.
El lugar no era más que un galpón inmenso de ladrillo visto y techo curvado que daba a la calle. Con un portonazo de dos hojas con puerta incorporada. Con cuatro ventanas y una puerta enrejados y un cartelito que advertía a los peatones CUIDADO con los VEHÍCULOS.
Sin custodia adecuada, la que sí fue asignada luego del atraco como muestra la fotografía de la época publicada en la parte superior.
Sin medidas de seguridad. Aunque adentro hubiera varios miles de armas de fuego y otros miles de artículos de toda clase (muebles, electrónica, bicicletas, herramientas, etcétera) alguna vez incautados parcialmente para ser presentados como elementos de prueba en distintos juicios criminales.
Pasadas las dos de la tarde, una patrulla de la Policía arribó tras haberse recibido una denuncia telefónica. Fue la primera señal de alerta.
Juan Carlos Leiva, la única persona que estaba en el depósito, explicó que una banda de hombres armados se había alzado con armas de fuego de diverso tipo y calibre que estaban acopiadas en cajas de madera.
El hombre declaró que lo sorprendieron cuando abrió la puerta desde el interior, que lo golpearon y lo ataron.
La maniobra duró entre 15 y 25 minutos. El botín fue cargado en una camioneta que ingresaron de culata y escapó por Sargento Cabral en dirección al oeste. Al Parque General San Martín.
El caso tuvo su propio documental, que fue emitido por El Siete en el ciclo Documento Público de producción local.
La repercusión
Sorprendió al gran público y a la clase política la noticia de que ese galpón no contaba con un circuito de videovigilancia ni con custodia uniformada visible en la vereda, como una especie de primera barrera de contención.
La dirigencia argumentó que el hecho de que el depósito judicial pasara desapercibido era lo más recomendable para evitar cualquier peligro. Sin embargo, lo grave sucedió.
Y comenzaron los tironeos por las responsabilidades de la seguridad en el predio entre el encargado del predio, Enrique Oviedo Lacerna, y el ministro Orquín.
El funcionario judicial, que dependía directamente de la Suprema Corte de Justicia, reveló que desde 1995, cuando quedó a cargo del depósito, nunca le dieron un inventario de todos los bienes en existencia.
Hay un libro de registros, dijo. Y reclamó públicamente que nunca pusieron custodia a pesar de las notas enviadas a la Corte con el argumento de que todos los bienes en stock, especialmente las armas, eran muy valiosos y tentadores para el mundo del delito.
Orquín retrucó responsabilizando al funcionario de no haber aceptado las custodias ofrecidas.
El primer conteo
Semanas después del atraco trascendió que aproximadamente 2.000 armas de fuego habían desaparecido del galpón judicial.
Se arribó a esta cifra teniendo en cuenta el faltante de bolsas de plástico que contenían entre una y dos armas cada una.
El arsenal estaba compuesto por revólveres, pistolas, carabinas y escopetas de diverso calibre y modelo.
Una pequeña parte fue recuperado en una serie de allanamientos a cargo de la Justicia y la Dirección de Investigaciones.
La doble investigación
El robo de armas del depósito judicial fue investigado desde dos aristas bien diferentes: lo administrativo y lo penal. Sin embargo, todo quedó en nada.
A fines de 2001, por orden de la presidencia de la Suprema Corte se inició el sumario administrativo 65.640 y a través de la acordada 17.330 se designó al juez de Cámara Arnaldo José Kletzl como el investigador.
En julio de 2002, Kletzl imputó al entonces administrador de la Suprema Corte, Alfredo Segura, a Oviedo Lacerna y a cuatro empleados judiciales por faltas administrativas vinculadas con la seguridad del predio de Sargento Cabral 429. Todo parecía ir viento en popa.
Sin embargo, el expediente cayó en la inacción total.
Y el tiempo pasó.
Tanto pasó el tiempo que el 30 de diciembre de 2009 -siete años después de haber iniciado la pesquisa- la Suprema Corte de Justicia resolvió lo siguiente: