El universo digital es tan poderoso como ilimitado, incluso a la hora de investigar delitos criminales accediendo a celulares o computadoras. Por eso, avanza en Mendoza un plan para que la Justicia obtenga y preserve las pruebas y evidencias digitales recogidas durante las pesquisas sin violentar los derechos de las personas investigadas y bajo proceso.

"Todos los delitos tienen una pata digital", sostiene el fiscal Santiago Garay, quien considera urgente la confección de un protocolo para organizar, de manera limitada, la recolección, manipulación y preservación de las evidencias informáticas, esas que aparecen cada vez que se incautan, por ejemplo, un celular o una computadora personal en allanamientos.

Hoy, como desde hace décadas, cada vez que la Justicia incauta una evidencia material, como, por ejemplo, una prueba de ADN, un arma, un cuaderno de notas o un rodado, ya está dicho y demostrado cómo proceder para la conservación. Pero esto, con las evidencias digitales, no existe. Hay un vacío sobre el cual se debe trabajar.

Permitirá, a futuro, que los fiscales investigadores y los jueces que avalan esas recolecciones de pruebas, lo hagan de manera legítima sin lesionar los derechos de los sospechosos o imputados. Y por lo tanto sin poner en riesgo cada investigación.

Caso testigo: incautan la computadora o el celular de una persona en busca de indicios en un caso de estafa y los pesquisas encuentran elementos que nada tienen que ver con el objeto de la investigación. Por ejemplo, videos del sospechoso en una reunión familiar. ¿Qué hacer con esos videos u otros materiales ajenos a la pesquisa? ¿Tiene derecho la Justicia a acceder a este material? ¿Cómo debe administrarlos?

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Celulares y equipos informáticos incautados contienen materiales a los que la Justicia no tiene por qué acceder porque no hacen al objeto de las pesquisas.

Celulares y equipos informáticos incautados contienen materiales a los que la Justicia no tiene por qué acceder porque no hacen al objeto de las pesquisas.

"Hay que protocolizar cómo obtener y preservar las evidencias digitales", expone Marcelo D`Agostino, del Gobierno de Mendoza.

Este plan apunta a evitar potenciales abusos sobre los derechos de las personas, como el derecho a la intimidad, lo que podría derivar en juicios contra el Estado con costos millonarios.

La Justicia puede acceder a evidencias digitales también a través de allamientos remotos o a distancia, sin necesidad de tener acceso físico a las computadoras u otras terminales informáticas, como tablets. Así ocurre en otras provincias, como Córdoba.

Otro escenario que la Justicia también debe enfrentar es el hallazgo simultáneo de evidencias digitales sobre delitos distintos a los que motivaron el secuestro del celular, la tablet o la computadora de escritorio del sospechoso.

Y una derivación posible que también debe registrarse y encauzarse, a propósito de lo desmesurado del universo digital: el acceso a La Nube, que eventualmente podría revelar evidencias por delitos cometidos en ciudades distintas de las que motivaron la pesquisa original. Es decir, ¿qué se hace con esas evidencias? Una de las tantas preguntas por responder.

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