El juicio por los abusos en el Próvolo comenzará después de la feria de invierno.
El inicio del debate oral fue fijado para el lunes 5 de agosto, según las notificaciones que la Justicia distribuye a los abogados de las partes.
Semanas atrás se estimó que iniciaría en junio. Luego se indicó que sería durante la última semana de actividades antes de la feria de invierno. Pero la obligación de remplazar al juez Jorge Luis Del Pópolo, de licencia por enfermedad, obligó a reprogramar la fecha.
El arranque en agosto fue confirmado por el abogado Oscar Barrera, representante legal de los familiares de las víctimas.
En los próximos días el juez Carlos Manuel Díaz convocará a una audiencia clave para decidir la validez o no de ciertas pruebas que han sido cuestionadas por los defensores.
Los primeros acusados de abusar sexualmente de alumnos hipoacúsicos del Próvolo de Luján que se sentarán en el banquillo de los acusados son los sacerdotes Nicola Corradi (83 años) y Horacio Corbacho y el jardinero Armando Gómez.
Corradi está preso bajo la modalidad de detención domiciliaria por razones de salud; Corbacho y Gómez están en el penal Almafuerte en el sector destinado a los delincuentes sexuales.
El tribunal de sentencia estará presidido por Díaz. Lo acompañarán la jueza Alejandra Ratto y el remplazante de Del Pópolo.
Las audiencias no serán públicas porque los abusos son delitos privados, cuya difusión de mayores detalles no está permitida para resguardar la integridad de las víctimas.
En otros juicios que se desarrollarán con posterioridad serán juzgadas las monjas Asunción Martínez y Kumiko Kosaka (presa en un convento con tobillera electrónica).
La ex apoderada del Próvolo, Graciela Pascual, también integra el lote de imputados.
El escándalo por abusos sexuales en el Próvolo fue denunciado en noviembre de 2016 en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.
Los imputados fueron detenidos entre 2016 y 2017. Tras la recepción de testimonios, finalmente incorporados a través de intérpretes de lenguaje de señas, se definieron las imputaciones. Luego se decidió dónde estarían presos los imputados de acuerdo a las situaciones individuales.
En 2018, uno de los imputados fue desvinculado por ser inimputable por ser débil mental. Otro, identificado como Jorge Bordón, ex empleado administrativo, admitió haber abusado de alumnos hipoacúsicos y fue condenado a 10 años de cárcel en juicio abreviado. En su contra había 11 acusaciones.