Luego de meses de recrudecimiento del conflicto militar, Estados Unidos anunció un paquete de 45 millones de dólares destinado a respaldar la implementación de los acuerdos entre Camboya y Tailandia, con el objetivo de poner fin a los violentos enfrentamientos en su frontera.
Más allá del componente logístico, esta decisión política de Estados Unidos revela una intención más amplia. Apoyar no solo la firma de los acuerdos, sino su cumplimiento efectivo, para que la promesa de paz se traduzca en resultados concretos para la población civil de ambos países de Asia, sin la intervención de China.
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Estados Unidos pone la mira en dos países de Asia con un paquete militar de 45 millones de dólares
Estas cifras, más que números, son promesas de alivio y de orden en un paisaje que quedó marcado por un conflicto militar que dejo miles de muertos y desplazamientos. El gesto envía una señal regional, Estados Unidos sigue dispuesto a invertir recursos, políticos y militares, para sostener el orden regional de Asia.
Ese tratado, conocido como los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur, marca el camino para restaurar la normalidad, pero también requiere compromisos claros y apoyo externo para cumplirlo. El diplomático estadounidense, que presentó el plan durante su visita a Bangkok y Phnom Penh subrayó que Estados Unidos continuará apoyando a ambos gobiernos en este proceso, no como árbitro, sino como socio en la reconstrucción de la convivencia.
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El fin de una disputa de más de 50 años
El conflicto entre Camboya y Tailandia no es nuevo ni repentino. Arrastra más de un siglo de historia. Nace a comienzos del siglo XX, cuando las fronteras fueron trazadas de forma ambigua durante el período colonial francés. En el centro de la disputa está el templo de Preah Vihear, una joya ancestral que es, al mismo tiempo, símbolo nacional y territorio en disputa de Asia.
Los 45 millones de dólares de Estados Unidos no se entregan como un único paquete cerrado. Su uso está pensado de forma concreta y práctica:
15 millones irán a estabilizar las zonas fronterizas, ayudando a las comunidades afectadas y a las familias que buscaron refugio lejos de su tierra
10 millones se dedicarán a operaciones de desminado, una necesidad urgente en territorios sembrados de artefactos explosivos
20 millones se enfocarán en programas conjuntos contra actividades delictivas como estafas cibernéticas y tráfico de drogas, que han prosperado en medio de la inestabilidad
