En Mendoza aumentaron 8% las denuncias por violencia de género frente a igual período del año pasado

Rosana Dottori, directora de Enlace Institucional del Ministerio Público Fiscal de Mendoza y codirectora del Observatorio de Violencia de Género, explicó a Diario UNO que entre 2024 y 2025 hubo un incremento del 11% en las denuncias y que, en lo que va del primer semestre de 2026, respecto del mismo período del año pasado, también se registró un incremento del 8%.

“Puede ser que haya más hechos. Pero existen múltiples factores de interpretación en los que vemos que se visibiliza más la posibilidad de denunciar estos delitos, o bien que hay una mayor confianza en la Justicia para recurrir a pedir ayuda”.

Alrededor de 25 denuncias por día

En las oficinas y unidades fiscales de Mendoza se registran alrededor de 25 denuncias diarias. Y, en lo que va del año, atendieron denuncias por violencia de género de manera presencial o por WhatsApp.

“En el primer semestre de 2026 se observa el alza, ya que se recibieron 4.620 denuncias, mientras que en el mismo período de 2025 fueron 4.277”, explicó Dottori.

"¿La mayoría de los casos tiene que ver con parejas o exparejas de las víctimas?", le consultamos.

“En la mayoría de los casos se presenta así, como una relación en un ámbito íntimo o familiar. Esto se ha sostenido”, explicó.

Sin embargo, sostuvo que las violencias sexuales, es decir, contra la integridad sexual de la persona, pueden ocurrir en el ámbito intrafamiliar o en otros contextos en los que el abusador es desconocido para la víctima.

Explicó que llevan un subregistro de denuncias y encuestas que es mucho mayor cuando se refiere a violencia sexual.

En el 90% de las denuncias digitales la víctima es mujer

Entre las tipificaciones de denuncias por violencia de género, las que están teniendo un alza exponencial son los delitos que ocurren en entornos digitales.

Genoveva Cardinali, fiscal coordinadora de la Unidad Fiscal Este de CABA y referente del Observatorio de Violencia de Género, explicó que, en el 90% de los casos, las víctimas de delitos digitales son mujeres.

“Las mujeres somos desproporcionadamente sometidas a este tipo de conductas de violencia digital a través de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Cuando la víctima es mujer, va acompañada de insultos, humillaciones y prejuicios acerca de cómo debemos las mujeres comportarnos en nuestro ámbito privado y dentro de nuestras habitaciones”, analizó la especialista.

En Argentina se sancionó en 2023 la Ley Olimpia (27.736), que incorpora la violencia digital como forma de violencia de género para proteger la intimidad, identidad y reputación de las mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+ en entornos digitales como redes y plataformas.

La norma sanciona la difusión de imágenes, videos o audios íntimos sin consentimiento. Incluye también el acoso, las amenazas, la extorsión y el espionaje digital. Y la Justicia puede ordenar el retiro inmediato del contenido de la red.

“Desde que se modifica la ley integral con la Ley Olimpia, decimos que la violencia sucede en la vida real, y la vida real es en lo analógico, en lo digital, en lo físico, en donde nos desarrollamos las mujeres en todos los ámbitos interpersonales. Y el ecosistema digital es uno de ellos”, analizó Dottori.

Sin embargo, estas conductas, que son violencia digital de género, no están tipificadas; no se configuran como delitos.

“Muchas veces esas investigaciones las llevamos como coacción, por amenazas, porque las víctimas son intimidadas, amenazadas, pero lo que necesitamos es un tipo penal que defina todas las conductas de violencia de género y castigue como corresponde a la violencia de género digital”, explicó Cardinali.

Es por eso que tanto fiscales como abogados aguardan la aprobación en el Congreso del Proyecto Belén para obtener condenas por los delitos ocurridos en entornos digitales.

La Ley Belén tipifica seis delitos, como la obtención y difusión de imágenes sin el consentimiento de la mujer, aunque sea mayor de edad; la creación y divulgación de imágenes o videos falsificados mediante inteligencia artificial u otras tecnologías; y la extorsión (sextorsión), que es el chantaje o las amenazas a una persona con difundir su material íntimo para obtener favores sexuales, dinero u otro fin.

La Ley Belén lleva el nombre de Belén San Román, una joven policía de 25 años y madre de dos hijos que se quitó la vida luego de que su expareja la extorsionara tras publicar fotos y un video íntimo suyo.