El Senado de Mendoza aprobó el proyecto de ley que modifica el Régimen General Disciplinario de la Administración Pública Provincial, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo y que tiene como objetivo modernizar los procedimientos administrativos, reducir los tiempos de resolución de los sumarios y fortalecer las herramientas de investigación del Estado.
El Senado aprobó la ley que reforma el régimen disciplinario de los estatales en Mendoza.
El senador oficialista Gustavo Soto explicó los principales alcances de la reforma. "La finalidad de este proyecto es derogar la Ley 9.103 y establecer nuevas disposiciones para mejorar el funcionamiento de la Oficina General de Sumarios, incorporar recursos tecnológicos y optimizar la distribución de competencias entre los organismos de la Administración Pública", dijo.
Un debate caliente en el Senado
El proyecto generó posturas encontradas entre los distintos bloques legislativos. Los senadores Félix González (Fuerza Patria), Armando Magistretti (Partido Demócrata) y Dugar Chappel (Partido Verde) adelantaron su voto negativo.
Al iniciar su intervención, Chappel cuestionó el rol del cuerpo: "La Cámara de Senadores está sobrando porque ya se debatió en la Cámara de Diputados; entonces acá nos apuramos, levantamos la mano y decimos: 'si lo debatió allá, como cumplen los lineamientos y las órdenes del gobernador, está todo bien. Si allá dijeron que está todo bien, ¿para qué vamos a perder el tiempo?'. Inevitablemente tenemos que llegar a esa conclusión: la Cámara de Senadores está sobrando en la provincia de Mendoza".
A lo largo de los discursos opositores, se advirtió sobre el posible impacto de la norma en los trabajadores estatales, la conveniencia de debatir ciertos puntos en el marco de las paritarias y las críticas de los gremios, que anticiparon que recurrirán a la Justicia para plantear su inconstitucionalidad.
Hacia el cierre del debate, la jefa del bloque oficialista, Natacha Eisenchlas, defendió la iniciativa y negó que busque restringir derechos laborales. Como argumento, señaló que durante 2025, 60% de los sumarios concluyó en sobreseimiento, por lo que remarcó
la importancia de acortar los plazos para que ningún empleado permanezca investigado durante tres o cuatro años.
¿Qué sanciones pueden recibir los empleados públicos?
Uno de los ejes centrales de la reforma es la modernización de la Oficina General de Sumarios mediante la incorporación de notificaciones y citaciones electrónicas, audiencias virtuales y el uso de plataformas como Mendoza por Mí (MxM) y el correo electrónico. Esta iniciativa busca simplificar las actuaciones, facilitar el acceso a la información y evitar instancias administrativas innecesarias que dilaten la resolución de los expedientes.
Asimismo, las faltas de menor entidad podrán ser investigadas y resueltas directamente por las reparticiones de origen, dentro de los límites normativos y con pleno respeto a las garantías de defensa. Así, la Oficina General de Sumarios podrá concentrar sus recursos en los casos de mayor gravedad o complejidad. Por otra parte, la digitalización permitirá acumular o vincular expedientes conexos, agilizando las investigaciones y evitando duplicaciones y costos administrativos.
En cuanto al régimen de asistencia, se reforzará el control del ausentismo, una falta que actualmente representa cerca de 40% de los sumarios en trámite. Para ello, cada organismo o dependencia deberá designar un Responsable Administrativo de Presentismo, quien supervisará los registros de asistencia e informará de inmediato a Recursos Humanos cualquier situación que configure una causal de cesantía por inasistencias injustificadas.
En materia disciplinaria, el proyecto mantiene las sanciones de apercibimiento, suspensión de hasta 30 días corridos, cesantía y exoneración, fijando las autoridades competentes para su aplicación según la gravedad del hecho. Las suspensiones mayores a 15 días y las cesantías exigirán la instrucción previa de un sumario administrativo. Asimismo, se contemplan adecuaciones sobre causales objetivas de cesantía -como inasistencias reiteradas, abandono de servicio y acumulación de sanciones-, junto con previsiones ante condenas judiciales firmes por ciertos delitos o conductas que causen perjuicio al Estado.
Todos los procedimientos deberán ajustarse a los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso, y requerirán el consentimiento expreso del agente involucrado y la conformidad de la autoridad competente.
En pocas palabras
- El Senado aprobó una ley que agiliza despidos y sanciona a empleados públicos.
- La reforma moderniza la Oficina General de Sumarios y refuerza el control de ausentismo.
- Hubo debate: la oposición advirtió sobre el impacto en trabajadores, mientras el oficialismo defendió la agilización.
Resumen generado por Thinkindot AI
