Legisladores de la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados visitaron la cooperativa La Terre que funciona en Guaymallén comandada por un grupo de trabajadores desde el 2014 tras la quiebra de Industrias Matas.
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El informe que elaboraron los parlamentarios, plantea críticas hacia la decisión dictada el pasado 23 de mayo por la jueza Gloria Cortez, a cargo del Segundo Juzgado de Procesos Concursales en la que permitió la subasta de la planta agroindustrial.
Según indica el escrito que dieron a conocer desde la Legislatura, la realidad que observaron dista de lo expuesto por la magistrada. "Nos había destacado que la cooperativa no trabaja por falta de gas y nos encontramos con una caldera y un horno en pleno funcionamiento deshidratando espinacas", indicaron.
También señalaron que "donde la jueza y las sindicaturas habían hablado de precariedad laboral sin resultados económicos encontramos operarios descargando camiones con materia prima de productores mendocinos y trabajadoras operando líneas de secado y embolsado de hortalizas deshidratadas. Hablamos de una fábrica que necesitó realizar una importante actualización tecnológica y reparación de maquinarias para poder llegar a ser lo que es hoy, una de las principales productoras de alimentos deshidratados del país con compromisos de ventas asumidos para años próximos".
Otro de los puntos expuestos por los diputados en los que mostraron su disconformidad con lo expuesto por la jueza apunta a "la presencia de otros ocupantes del predio que lo pueden volver peligroso". Los legisladores aseguraron que esta situación no se acerca a la realidad e indicaron que se trata de "integrantes de emprendimientos productivos de calzados, marroquinería, producción de lampazos y cerveza artesanal cuya presencia está muy lejos de ser un riesgo para nadie sino al contrario".
Entre las críticas que se elevaron hacia la Justicia, se manifestaron en contra de las acusaciones que se han realizado sobre los trabajadores por "usar bienes ajenos sin pago de canon" por medio de "una ocupación ilegítima por vencimiento de una ocupación temporaria que nunca tuvo posesión efectiva".
Acerca de lo expuesto por la magistrada, los representantes indicaron que "la cooperativa está a cargo de una ocupación temporaria autorizada por ley y prorrogada hasta el 25 de octubre de 2020, con cánones ya pagados luego del depósito de 10,4 millones de pesos por parte de Ejecutivo en mayo de 2019". Además recordaron que "el propio informe de la jueza estima viable la continuación de La Terre, aunque en su priorización de pago a los acreedores de la quiebra de Matas estima que la condición de excepción no puede ser mantenida indefinidamente".
Ante lo expuesto, los integrantes de la comisión de Derechos y Garantías de Diputados plantearon que la resolución final del tema "deberá contemplar la preservación de los derechos de todas las partes: desde los acreedores de la quiebra de Matas a los trabajadores de La Terre, sean o no operarios del emprendimiento, defendiendo los puestos de trabajo y la razón social de la cooperativa tal como opera en la actualidad en manos de sus trabajadores que hoy son más de 80 trabajadoras y trabajadores en su planta".
Los que visitaron La Terre fueron los diputados Carlos Sosa (PJ) y Mario Vadillo (Protectora) presidente y vice de la comisión, Cristina Pérez (PJ) y la diputada Mailé Rodríguez (FIT) junto con Macarena Escudero.