A un contexto económico complejo y de retracción se le sumó las medidas de aislamiento obligatorio impuestas por los Gobierno ante la pandemia de coronavirus. La conjunción de estos factores han significado una grave panorama para decenas de actividades. Mendoza no es la excepción y, a pesar de los paliativos que se han decretado, muchos emprendedores ven con preocupación el futuro.
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Es el caso de propietarios de peloteros y salones infantiles que, en concordancia con el decreto presidencial de confinamiento, cerraron sus puertas el 15 de marzo y a la imposibilidad de desarrollar sus actividades con normalidad se les suma verse excluidos de beneficios fiscales para el sector.
Las circunstancias los han obligado a organizarse y hacer un frente común para compartir sus temores. También planean elevar sus reclamos a las autoridades municipales y provinciales para que se contemple su situación.
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A través de un comunicado, los propietarios recordaron que en 2009 las medidas destinadas a salvaguardar a las actividades económicas afectadas por la epidemia de gripe A no los contemplaron y, aunque aseguraron estar de acuerdo con la decisión de paralizar las actividades sociales, concuerdan con que el panorama económico es sensiblemente diferente y no cuentan con el mismo respaldo para afrontarlas.
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"En ese momento el país vivía otra época y, económicamente, si bien quebró a muchos la gran mayoría tuvimos la espalda para subsistir. Sin dejar de mencionar que nos costó meses recuperarnos, en esta ocasión las cosas son totalmente diferentes y vamos a necesitar sí o sí, de un plan de ayuda concreto del Gobierno nacional, provincial y municipal", detallaron.
Allí también se califica a la situación como "dramática" y alertan sobre la cantidad de familias que, directa o indirectamente, son alcanzadas. Por este motivo, expresaron una serie de peticiones que aliviarían al sector.
Entre los reclamos se apunta a la suspensión temporal de los pagos de servicios, alquileres y contribuciones patronales; beneficios que sólo se ha aplicado a las categorías A y B del monotributo. También se sugiere a los gobiernos municipales que liberen la presión tributaria ya que, en general, el gasto sin contar alquileres y sueldos supera los $40.000.
"No queremos que nos regalen nada pero sí que nos ayuden. Si nosotros no podemos trabajar, no generamos y sin recursos no podemos afrontar ninguna responsabilidad. Somos muchísimos, apelamos al entendimiento y humanidad de las autoridades", explicaron.