El sistema carcelario provincial destinó pabellones y otras áreas para que los nuevos presos cumplan allí la cuarentena obligatoria. Esto, antes de pasar a formar parte de la población penal con la certeza de que no llevarán el coronavirus puertas adentro.
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Sin embargo, estos espacios colapsaron y la Justicia podrá habilitar a los fiscales a disponer de comisarías u otras dependencias policiales como alojamiento durante los 14 días de cuarentena recomendados por las autoridades sanitarias.
El desborde de los espacios carcelarios específicos puso en alerta a varios sectores del sistema. Fueron las autoridades y los propios presos los que alzaron la voz para que ningún recién llegado fuera alojado directamente sin haber pasado la cuarentena en otro lugar.
El primer caso positivo de COVID 19 en un interno de una cárcel de Buenos Aires y el aislamiento de otros cuatro presos encendió la luz de alerta en Mendoza esta semana.
Al mismo tiempo, la Justicia provincial trabaja contrarreloj para analizar y resolver pedidos de prisiones domiciliarias presentados por presos que son parte de los grupos de riesgo por edades y/o patologías previas.
Por estas horas, el juez Sebastián Sarmiento trabaja sobre habeas corpus en favor de internos que cumplen condenas leves, lo que favorecería que terminen de cumplirlas en casa.
Para cumplir con el acuerdo celebrado por la Suprema Corte, el Ministerio Púbico Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa sobre el tratamiento inmediato de la situación carcelaria en contexto de pandemia, se estudia quitar las tobilleras electrónicas a los presos antiguos para dárselas a presos cuya salida del penal sea necesaria por razones de salud. Esta es, por ahora, la respuesta a otra carencia: la de tobilleras electrónicas.

