El 17 de enero de 1995 era un lunes extremadamente caluroso en San Martín. A las dos de la tarde, el juez Armando Martínez, de turno durante todo ese mes de feria, atendió el teléfono fijo y recibió una novedad inesperada: la resolución de un crimen ocurrido un año y cuatro meses antes cerca de la municipalidad. Un caso que se perfilaba para quedar impune hasta el final de los tiempos.
Septiembre de 1993
Clara Giménez Escalante era escribana pública. Tenía su oficina en el Pasaje 4 del centro comercial Echesortu y Casas, sobre la calle Albuera, frente a la comuna. Ese complejo estaba poblado de estudios de abogados y notarios. Y arquitectos. Era el lugar perfecto para trabajar y desarrollar proyectos. Para hacer negocios. Porque estaba cerca de todas las oficinas públicas y bancos. En el corazón del Este mendocino.
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Tenía 62 años y había sido jefa del Registro Civil de San Martín y gran parte de los lugareños que por entonces orillaban los cuarenta años tenían la firma de Clara Giménez Escalante al pie de sus partidas de nacimiento.
La notaria era una figura respetadísima en la región. Era soltera y vivía con la madre de 90 años. Por eso, cuando la noche del lunes 13 de septiembre de 1993, pasadas las 23, se denunció que estaba desaparecida, cundió la preocupación. Y cuando a la mañana siguiente se supo que la mujer no aparecía la preocupación se transfomó en miedo.
La escribana nunca se había casado. Tenía cinco hermanos y gustaba mucho de la lectura.
El último paradero detectado estaba en su propia oficina. Hablando por teléfono con una colega, a eso de las 20.30. Pero la conversación se había interrumpido. Drásticamente. Inesperadamente.
¿Quién podría desaparecer de su propia oficina dejando el teléfono descolgado y la radio encendida? ¿Quién se iría por propia voluntad dejando su automóvil -un Peugeot 504 en este caso- estacionado en la calle como siempre?
Al mediodía el caso estaba instalado en los medios de prensa, especialmente en las radios. ¿Dónde estaba la escribana Giménez Escalante?
Luego de varias pistas que fracasaron llegaría la respuesta. Y sería atroz. La mujer estaba muerta desde el momento en que se la había dado por desaparecida. Había sido estrangulada. Con una toalla.
Doblemente atroz. El cadáver fue encontrado el martes 14 dentro de la caja de caudales marca Inders de casi 2 metros de alto por 1,50 metros de ancho que estaba en su propio bufete, caja fuerte utilizada para guardar papeles, documentos y otros bienes de valor. Como cheques. Y dinero en efectivo.
Hoy
Armando Martínez sigue siendo juez en San Martín. Tiene 59 años y hasta mayo fue presidente de la Asociación de Magistrados de Mendoza.
Fue juez de sentencia y entre julio y agosto fue juez técnico y conductor del juicio por jurado en otro caso criminal que estremeció a la zona Este: el asesinato de la empresaria Ivana Milio.
¿Qué recuerda del caso de la escribana? -preguntó Diario UNO.
Que por entonces yo era juez Correccional y que cuando fui convocado, por estar de turno en la feria, habían pasado varios meses del homicidio. Más de un año, le diría. Fue indispensable leer el expediente y contactar a los peritos e investigadores que habían trabajado desde el comienzo.
¿Qué novedad le dieron en aquel informe telefónico?
Que un muchacho que trabajaba en la zona había confesado la autoría del hecho. De manera espontánea.