Pasó a Diputados

Avanza la ley para compactar y desguazar vehículos en Mendoza

El Programa Mendoza Compacta apunta a la descontaminación, el desguace y la compactación de vehículos. En las playas de secuestro hay 70.000 rodados abandonados

Por UNO

La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó este martes una propuesta que fue presentada por el senador Marcelo Rubio, que busca crear en el ámbito de la provincia el Programa Mendoza Compacta. Fue acompañada por el resto de sus pares y pasó a la Cámara de Diputados en revisión.

El autor de la propuesta se refirió al proyecto en tratamiento. «En este sentido, la norma establece un mecanismo minucioso para las empresas que quieran participar de la licitación del servicio, como así también un paso a paso para trabajar en coordinación con los municipios y el ministerio de Seguridad de la provincia», dijo.

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Para el senador Rubio se estima que entre las 5 playas de secuestro de la provincia, se albergan alrededor de 70 mil rodados. «Dicha acumulación genera una alta contaminación del suelo, del aire y del agua subterránea si llegan los fluidos a penetrar la tierra, ya que un vehículo abandonado contiene restos de aceites y grasas, líquidos de freno, anticongelantes, hidrocarburos, ácidos, metales ferrosos y no ferrosos, entre otros”.

Además explicó que “entre los metales pesados se hallan el cadmio, cromo, cobre, níquel, plomo y el zinc, principalmente. El plomo (metal no ferroso) es fundamental para el funcionamiento de un automóvil, ya que forma parte de las baterías y del balanceo de las cubiertas los cuales generan una alta contaminación del suelo por contener metales pesados como el plomo, y el cromo contenidos en las partes fundidas de cada pieza y la pintura correspondiente».

https://twitter.com/rubiomarcelomza/status/1448028388677935107

El proyecto explica dentro de sus fundamentos que la ley 26348 establece que los automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados cuyo dominio corresponda al Estado nacional o a los Estados particulares, deberán ser descontaminados y compactados en forma previa a su disposición en calidad de chatarra. El país se cuenta con un programa de descontaminación, compactación y disposición final de los automotores (Pronacom), surgido ante la necesidad de dar una respuesta a la problemática socio-ambiental generada por la acumulación de estos vehículos.

Se cuentan por miles. Son más de 18 mil las motos acumuladas en la playa de secuestros de San Agustín. Foto: Nicolás Bordón / Diario UNO.

La propuesta establece que el PROMECOM tendrá como objetivo la coordinación de la ejecución de las etapas del proceso de descontaminación, desguace y compactación de vehículos automotores y moto vehículos, establecido en el artículo 132 de la Ley 9024 y o norma que en el futuro la reemplace.

Además contempla que el programa de descontaminación y compactación se desarrollará mediante licitación pública de acuerdo al Título III- Sección II-Capitulo IV de la Ley 8706 de Administración Financiera o Norma que en el futuro la reemplace.

Registro único

Se creará además un “Registro Único de Vehículos Secuestrados, que se encontrará bajo la custodia y guarda de la Autoridad Pública por causas judiciales o contravenciones, del ámbito federal, provincial y municipal. Será de contenido digital, con un Software mediante un sistema interconectado de manera tal que permita el acceso a la información a todos los Organismos intervinientes.

El depósito de los vehículos secuestrados debe efectuarse en predios previamente habilitados por la Autoridad de Aplicación, determinándose por vía reglamentaria las condiciones de su funcionamiento, características y toda otra exigencia de seguridad y vigilancia que requiera, debiendo contar con las aprobaciones técnicas de seguridad, higiene e impacto ambiental.

La Autoridad de Aplicación se hará cargo del funcionamiento, reglamentación, seguridad y vigilancia de los vehículos y verificará la existencia y estado del material depositado, requiriendo los informes que estime pertinentes.

El Poder Ejecutivo Provincial deberá celebrar un convenio con la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a los efectos de establecer un arancel especial para las bajas registrales de los automotores.