La niña embarazada que fue madre

Amnistía Internacional criticó al gobierno tucumano

Por UNO

La organización internacional Aministía  se expidió duramente en un comunicado fechado este miércoles contra las autoridades por su accionar en el caso de la niña de 11 años embarazada en Tucumán tras un abuso sexual intrafamiliar, y donde se puso en riesgo la vida de la menor al no permitirle la interrupción legal del embarazo (ILE).

Parte de la carta

"Las organizaciones de mujeres y derechos humanos firmantes repudiamos la violencia institucional ejercida por el Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán (SIPROSA) a cargo del secretario de Salud Gustavo Vigliocco. La demora injustificada de acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) vulneró el derecho de la niña a su salud, autonomía, privacidad e intimidad", inicia la misiva.

Luego el documento firmado por Amnistía Internacional, la filial argentina de Católicas por el Derecho de Decidir, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Centro de Estudios Legales y Sociales y Mujeres X Mujeres, explicó: "La niña de 11 años fue víctima de un embarazo infantil forzado, como consecuencia de una violación. De acuerdo al marco jurídico actual, tenía el derecho de acceder un aborto legal. Tanto la madre como la niña manifestaron de forma clara y oportuna su intención de interrumpir el embarazo para proteger la salud y la vida de la niña".

Luego el texto habla del destrato y maltrato recibido en el hospital al ingresar la niña con un embarazo de 19 semanas y expone: "Resulta inaceptable que el sistema de salud haya vulnerado su intimidad, difundiendo detalles sobre su historia clínica, su estado de salud y su decisión de acceder a una práctica médica lícita como lo es el aborto. La confidencialidad sanitaria impide a profesionales de la salud revelar datos que adquieren a propósito de la relación de salud / médico-paciente", repudió.

Finalmente la carta se expide así: "Repudiamos la violencia institucional ejercida contra la niña, instamos a que se sancione a los responsables de la divulgación de información confidencial y a quienes intervinieron en la obstaculización de la práctica; y exigimos se adopten todas las medidas institucionales necesarias a nivel provincial y nacional para evitar que se vuelva a incurrir en violaciones a los derechos de las niñas y se garantice el acceso a la interrupción legal del embarazo en los términos previstos por la ley".

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