El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, autorizó al Ministerio de Seguridad a poner a concentrar en la plaza Independencia el movimiento antiminero que se manifieste en contra del proyecto San Jorge.
Ulpiano Suarez autorizó al Gobierno a concentrar las manifestaciones antimineras en la plaza Independencia
El intendente de la Ciudad puso a disposición el pulmón verde para que el Ministerio de Seguridad controle la protesta del próximo martes por la minería
Después de que el Senado le diera luz verde al tratamiento del proyecto minero San Jorge en la Legislatura, Suarez y la ministra Mercedes Rus buscan mantener bajo control a quienes se manifiesten en contra de la minería.
Por ello, la idea es “ceder” a los antimineros y ambientalistas –bajo la mirada de preventores y Policía- el pulmón verde que se encuentra enfrente del edificio en el que este martes se tratará en sesión la ley que ratifica la Declaración de Impacto Ambiental, para que PSJ Cobre Mendocino pueda comenzar a operar.
El operativo comenzó a delinearse con anticipación para evitar que se produzcan hechos de vandalismo como los que ocurrieron en la marcha antiminera del martes por la noche en la peatonal de Mendoza.
Tanto Suarez como Seguridad formalizaron una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue quiénes causaron daños al espacio público con pintadas y roturas.
En conferencia de prensa, Mercedes Rus informó que también se investiga a quienes increparon y/o lesionaron a personal policial y a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, la semana pasada.
Antimineros, a la plaza Independencia
“Lo que queremos es dar garantías para que todo aquel que se quiera manifestar, lo pueda hacer, pero cumpliendo las reglas”, dijo la ministra Rus en conferencia de prensa.
“Hemos obtenido la autorización del intendente Ulpiano Suarez para poner a disposición para manifestaciones la plaza Independencia, un punto cercano a la Legislatura”, agregó, aunque aclaró que será sin posibilidad de acampe y, por supuesto, con control para que no se produzcan daños al espacio público.
“Estamos trabajando con la Municipalidad para que el martes se puedan desarrollar en paz, tanto la sesión de la Legislatura como las marchas” en contra de la minería.
Esto, porque en el recinto, los senadores tratarán 4 proyectos mineros que llegaron a la cámara alta con media sanción de Diputados: la DIA para PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata –el proyecto más resistido por los antimineros-; las DIAs para 27 proyectos mineros ubicados en Malargüe; los cambios en el reparto de regalías mineras y la creación de un Fondo de Compensación Ambiental.
Lo que se busca evitar concentrando las manifestaciones en la plaza es “el caos y el corte de tránsito total”, que no está permitido.
Investigación contra los antimineros
En la presentación formal que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza realizó ante el Ministerio Público Fiscal informó la apertura de una investigación por los hechos de vandalismo ocurridos durante la marcha del martes en contra de la minería metalífera.
A partir de la constatación de pintadas, grafitis y daños en mobiliario urbano, señales de tránsito y fachadas de inmuebles públicos y privados, la Secretaría de Seguridad ordenó:
- La apertura del expediente administrativo de investigación, con base en las infracciones previstas en el Código de Convivencia.
- La verificación y registro de todos los daños mediante el trabajo del cuerpo de preventores, inspectores y la Dirección de Seguridad Ciudadana, quienes han labrado las correspondientes Actas de Constatación en cada punto afectado.
- La recopilación de testimonios y elementos de prueba, con el objetivo de identificar a las personas responsables de los hechos.
- El análisis exhaustivo de las imágenes provenientes del Centro de Visualización y Monitoreo Municipal, que está revisando las cámaras de seguridad ubicadas en las zonas donde se produjeron los daños, a fin de individualizar a los autores y reconstruir la secuencia de los hechos.
En un comunicado, la Ciudad de Mendoza recordó a quienes se manifiesten en contra de la minería o en cualquier tipo de marchas que “la protección del espacio público es una responsabilidad compartida y que las conductas que degradan el entorno urbano constituyen infracciones graves, pasibles de sanciones y de la obligación de reparar los daños ocasionados”.







