El conflicto político desatado por el reasfaltado de avenida Quiroga y calle Blas Parera se reavivó con una denuncia que realizaron esta mañana en los Tribunales locales los concejales de la bancada de la UCR; Y terminó de encenderse con la reforma a la ordenanza que estipula los pasos que debe llevar adelante la Municipalidad para realizar las obras reembolsables, es decir las que en parte pagan los vecinos beneficiados.
En primer lugar, en las primeras horas de la mañana los ediles radicales Gustavo Cañadas, Juan Pablo Eraso y Lucas Quesada presentaron un escrito en la Primera Fiscalía Correccional solicitando una investigación por posible “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en el accionar de la comuna local para llevar adelante el reasfaltado de calle Blas Parera.
Los concejales consideran que se violó la ordenanza 10.726 sancionada el 28 de diciembre de 2011, porque “debió primero efectuarse el calculo legal siguiendo la ordenanza tarifaria vigente, luego elevarse la propuesta al Concejo Deliberante, éste debió tratarla y en su caso aprobar la obra. Luego debió notificarse a los vecinos y aguardar el transcurso de 15 días hábiles para registrar las oposiciones y finalmente, luego de cumplidos todos esos pasos, podía romperse la vieja carpeta asfáltica”, explicaron en la denuncia.
Pero “nada de eso se ha respetado y se ha roto la carpeta sin siquiera haberse aprobado la obra y cuando aún los números del metro cuadrado no han sido especificados, imposibilitando así todo tipo de control por parte del Concejo”, añadieron.
Además, los radicales recordaron que esos cuestionamientos fueron expresados al momento de tratarse en la sesión del 26 de marzo pasado la ordenanza para el reasfaltado de calle Blas Parera, pero “la bancada oficialista terminó por aprobar el proyecto aún con la ilegalidad manifiesta, haciendo abuso de la mayoría con la que cuenta en el recinto”. También señalaron que el artículo 2º de esa ordenanza indica que “se procederá al levantamiento de la carpeta de calle Blas Parera, cuando ya es un hecho consumado varios días atrás”.
Anteriormente se había dado una discusión similar con la avenida Quiroga, donde también el municipio levantó el viejo asfalto antes de acordar con los vecinos el pago del porcentaje correspondiente de la obra. La gente del lugar cuestionó los montos de la obra y se opuso, pero luego de tires y aflojes la comuna flexibilizó su postura y llegó a un acuerdo.
Reforma de la ordenanza
El conflicto terminó por explotar cerca del mediodía, cuando los concejales radicales exponían en conferencia de prensa la denuncia y un plan alternativo de asfaltado de calles. En ese momento la bancada oficialista y los dos ediles demócratas aprobaron una reforma a la ordenanza 10.726 referida a obras reembolsables.
La propuesta inicial presentada por el PJ, y que estaba en el primer punto a tratar en la sesión, aumentaba considerablemente el porcentaje de oposición de frentistas mínimo para rechazar una obra reembolsable. Del 35% original se pasaba al 50%. Además, se reducía el tiempo en el que los vecinos debían registrar en el municipio su oposición: se 15 días hábiles se bajaba a 5.
Los concejales radicales consideraron que se está dificultando a la gente poder revisar y cuestionar los montos de las obras que les pide pagar el municipio.
Finalmente se mandó de vuelta a las comisiones el proyecto planteado por el PJ y se aprobó otro presentado por el edil demócrata Alberto Pérez Gasul, que establece un porcentaje de oposición del 40% de los frentistas y 10 días hábiles para presentar esa oposición a la comuna. Esta reforma se sancionó sin la bancada radical, que había pedido un cuarto intermedio para realizar la conferencia de prensa y mientras se desarrollaba ésta se reanudó la sesión.
