El proyecto de extinción de dominio, por el que el Gobierno busca que los bienes de los imputados por causas de corrupción queden en poder del Estado y su valor se invierta en mejoras educativas, se demora en la Cámara de Diputados de la provincia.
La traba tiene dos autores: el PJ y Unidad Ciudadana.
Puntualmente, la oposición peronista quiere que se incluya en este proceso a los grandes evasores de impuestos.
Sin embargo, en el oficialismo no están seguros de darle rienda suelta a este cambio.
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El presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) Jorge Albarracín (UCR) dijo que están esperando la respuesta del Ejecutivo al respecto de los cambios solicitados por el peronismo.
De todas maneras, es probable que no se incorporen. Albarracín lo dejó entrever. "Las grandes evasiones de impuestos generalmente están ligadas a delitos penales, como administración fraudulenta y estafa, que son figuras contempladas en la extinción de dominio", determinó el legislador.
El lunes el proyecto tendría despacho y el miércoles próximo llegaría al recinto, siempre y cuando el oficialismo tenga asegurados los 25 votos necesarios para que se convierta en ley.