Suarez señaló que "sería oportuno que esos bienes puedan ser subastados para que, conforme ordena la ley, se destine a reparar o construir nuevas escuelas en estos tiempos de tanta necesidad en la lucha contra la pobreza, consagrando el valor simbólico que significa que la Justicia, con el uso de la ley, es capaz de transformar a la miserable condición de la corrupción por el esperanzador camino de la educación".
Por otra parte, el gobernador celebró que la Suprema Corte de Justicia haya avalado la constitucionalidad de la prisión perpetua y expresó que "no vulnera ningún precepto de nuestra Carta Magna, ni viola tratados internacionales suscritos por la República Argentina".
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"La discusión sobre la constitucionalidad de este instituto confrontó dos concepciones de justicia bien diferenciadas: la que descree de la función punitiva del Estado, que, desde mi óptica, tiene como fin privilegiar a los delincuentes, y otra que pone de relieve el derecho de las víctimas, que hasta hace muy poco no eran tenidas en cuenta por el derecho penal", subrayó Rodolfo Suarez. Y añadió: "Nos hemos expresado claramente a favor de las víctimas y buscaremos siempre que los delincuentes paguen por sus acciones con sanciones que guarden relación de equilibrio entre la gravedad del delito y la gravedad de la pena".
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"He dado instrucciones para que se elabore un proyecto de ley que en breve enviaré a la Legislatura con el objeto de aplicar este instituto en el ámbito del proceso Civil y del proceso de Familia, claro está, en los aspectos que sean susceptibles de conciliación", detalló el gobernador.
"La extensión de estos mecanismos de conciliación constituye un valioso recurso para la agilización del servicio de justicia en favor de los ciudadanos, con los inmediatos beneficios para el mejor funcionamiento del sistema".
También anunció que la constitución de una comisión especializada que represente a los distintos estamentos para que se aboque a analizar la posibilidad de la ampliación de los juicios por jurados populares a otros delitos previstos en el Código Penal argentino.
"Pretendemos que dicha comisión eleve un informe al Poder Ejecutivo que eventualmente servirá de base para la confección y el envío del proyecto de Ley correspondiente a la Legislatura", sumó.