Al convertirse en Resolución del Ministerio de Salud de la Nación, el Protocolo de Aborto No Punible no podrá ser ignorado por ninguna provincia. Así lo explicó la abogada feminista Mariana Hellin,.
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Actualmente, y sin este respaldo, el protocolo debe cumplirse igual, pero hay muchas provincias que se amparan en su propia forma de manejar su implementación, por lo que es frecuente que en lugar de facilitar el cumplimiento, los organismos de aplicación, lo compliquen, manifestó..
Para que sirve el rango ministerial
Hellin manifestó que, si bien con las normas vigentes no hace falta más que solicitar la práctica para que esta deba ser realizada por el organismo de aplicación, en la realidad, la situación no ocurre con tanta rapidez.
Muchas veces, según Hellin, hay que encontrarse con profesionales que son afectos a respetar los derechos de las mujeres, y ha cumplir con la ley. Pero otras veces, los médicos a cargo de los servicios de ginecología, piden cuestiones que rozan la ilegalidad para realizar la intervención, como un certificado de salud mental que indique la recomendación de la interrupción del embarazo, para dar un ejemplo concreto.
Si se cuenta con la herramienta de la resolución ministerial para la realización de ANP, los organismos de salud pública de todo el país no podrán demorarse ni pedir condiciones extras a las contempladas por la Guía Técnica para cumplir con la voluntad de la mujer, manifestó la abogada.
Los vaivenes de la normativa
En 2007, el Programa de salud sexual y reproductiva de la Nación, elaboró la Guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles.Su propósito fue "definir medidas para reducir y eliminar las barreras para el acceso al aborto permitido por la ley". Es decir, allanar el camino a las mujeres que por los casos que indica el Código Penal en su artículo 86, soliciten la interrupción legal del embarazo.
En 2010, la Guía fue actualizada, pero si bien se había anunciado que tendría rasgo ministerial, eso fue luego desmentido por el entonces ministro, Juan Manzur.
En 2015 se actualizó nuevamente, incorporando el peligro para la salud mental de la mujer como causal para pedir un ANP.
En el 2012, después del fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, se utiliza una interpretación amplia del artículo 86 del CPN. En este sentido, la no punición no se limita solo a los casos de violación para mujeres con discapacidad mental.
En este sentido, los protocolos de ANP se adaptaron, a partir de ese fallo, a la nueva forma de interpretar las causales por las cuales se puede solicitar esta práctica.
Antes de terminar su gestión, el secretario de Salud del gobierno de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, actualizó nuevamente el protocolo, especificando que todas las provincias argentinas, incluso las que no adhirieron nunca a la Guía Técnica de Nación -es el caso de San Juan, Santiago del Estero y Tucumán- deben garantizar el acceso a la práctica y difundir el uso de Misoprostol.
Este medicamento se puede conseguir en farmacias a partir de 2018, sin embargo, hay que aclarar que en Mendoza, su venta está prohibida por una ley que no se ha podido derogar.
La actualización no prosperó, porque Macri derogó el decreto y esto causó la renuncia de Rubinstein.
Pero, desde antes de asumir en su gestión, el nuevo ministro de Salud, Ginés González García, anunció que reestablecería lo que finalmente sucedió este viernes.