La reacción de la oposición al acuerdo por obras en rutas nacionales
El senador oficialista Walther Marcolini detalló que serán intervenidos: la Ruta Nacional 7 entre Palmira y el nudo vial de Costanera (28,9 km), varios tramos de la Ruta Nacional 40 que totalizan más de 74 kilómetros en el Gran Mendoza, y la Ruta Nacional 143 entre Pareditas y San Rafael, con una extensión de 109 kilómetros.
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La obra acordada con Nación implica trabajos en el Acceso Este (Ruta Nacional 7) desde Palmira hasta el Nudo Vial.
Remarcó que se adoptó esta decisión ante la necesidad urgente de la población y defendió el carácter estratégico del convenio para mejorar la circulación, reducir siniestros viales y garantizar la continuidad del desarrollo económico de la provincia.
Desde la oposición, hubo planteos y reparos respecto del alcance del acuerdo. El senador del Partido Verde, Dugar Chappel, consideró que la medida implica asumir responsabilidades que corresponden al Estado nacional y cuestionó que se utilicen fondos provinciales para ese fin.
Desde el PRO, Germán Vicchi anticipó la abstención de su bloque considerando que el convenio no es lo suficientemente claro a la hora de determinar futuros financiamientos ni responsabilidades.
El peronismo, en tanto, advirtió sobre el riesgo de convalidar el desentendimiento del gobierno nacional respecto al estado de las rutas. De todas maneras, parte del bloque justicialista acompañó con su voto reconociendo la urgencia.
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Félix González aseguró que Alfredo Cornejo se quiere gastar los más de U$S1.000 millones del resarcimiento antes de terminar la gestión y que utilizará buena parte de ellos para estas obras que son responsabilidad nacional.
Qué alcance tiene lo que firmó Cornejo con Nación sobre la obra pública
El acuerdo implica la cesión a la Provincia de la responsabilidad sobre distintos tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143, que atraviesan zonas estratégicas de Mendoza. Las tareas contemplan desde la ejecución de obras hasta el mantenimiento integral de esos corredores viales.
Así, será Mendoza la encargada de llevar adelante los trabajos, sea por administración directa o por contratación mediante licitación o cualquier herramienta que disponga la legislación local.
El convenio no asegura la posibilidad de repago mediante el cobro de peaje, pero sí contempla la posibilidad de que Mendoza gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional el permiso para avanzar en ese sentido.
La vigencia del acuerdo será de 36 meses a partir de su aprobación legal, con posibilidad de prórroga en función de la complejidad y alcance de las obras públicas proyectadas.
