Viandas carcelarias: Rus ratificó la contratación directa pese a observaciones del fiscal de Estado
El servicio de comida para los presos se otorgó de forma directa a la firma Clisa Interior S.A. Chispazos entre Mercedes Rus y el fiscal Fernando Simón
La ministra de Seguridad confirmó que se mantendrá la decisión de otorgar la concesión de las viandas para presos a la empresa Clisa Interior S.A.
La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, ratificó la contratación directa de la empresa Clisa Interior S.A. para la provisión de viandas destinadas a los presos y personal del sistema penitenciario. La decisión se mantuvo pese a que la Fiscalía de Estado emitió un dictamen con observaciones sobre el proceso.
Clisa presta este servicio desde 2010 y ahora fue seleccionada en un procedimiento de contratación directa, luego de que fracasara una licitación pública. El contrato tiene un valor de $56.400 millones y cubre la provisión de 4 millones de raciones por dos años: desayuno, almuerzo, merienda y cena.
"Tuvimos que dar por fracasada la licitación porque así correspondía. Y luego, con la contratación directa estamos ahorrando muchísimo dinero, porque la oferta de Clisa fue menor al presupuesto que teníamos originalmente, tanto que nos permitirá cubrir el gasto de combustible de toda la flota del ministerio -incluidos los helicópteros- durante un año”, sentenció la ministra Rus.
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La ministra Mercedes Rus ratificó su decreto por el cual otorgó la concesión de las viandas para los presos por una adjudicación directa.
El origen de la controversia
La licitación pública se lanzó el 9 de enero. En la apertura de sobres del 29 de ese mes solo se presentó una oferta: la de la empresa Bio Limp Soluciones de Calidad S.A., que fue desestimada por la comisión evaluadora al considerar que no cumplía con los requisitos del pliego. La principal objeción fue la falta de firma del oferente en la garantía de caución, un requisito considerado esencial por la Ley de Administración Financiera.
“La empresa no presentó la garantía de caución firmada por el oferente, que es un requisito clave para todo proceso de contratación del Estado”, explicó la ministra Rus.
Sin embargo, el fiscal de Estado, Fernando Simón, sostuvo en su dictamen que esa garantía, una póliza de caución emitida por Woranz Compañía de Seguros S.A., “cumpliría con todas las exigencias sustanciales”. Añadió que su validez no requería la firma del asegurado y que, en todo caso, el Estado pudo haber intimado a la empresa a subsanarlo, en lugar de descartarla.
Más allá de ese punto, el Ministerio de Seguridad argumentó que Bio Limp tampoco cumplía con otros requisitos fundamentales como:
• No contar con plantas elaboradoras propias ni contratos que acreditaran el uso de instalaciones de terceros.
• Ausencia del Registro Nacional de Establecimiento (RNE).
• Habilitaciones vencidas de su nutricionista.
• Vehículos sin habilitación de transporte de alimentos (UTA).
• Choferes sin acreditación para manipular alimentos.
Fracaso de la licitación y contratación directa
Con base en estas falencias, el Gobierno declaró fracasada la licitación el 6 de febrero, mediante el decreto 223, y avanzó con una contratación directa, una vía excepcional que se justifica cuando no hay ofertas válidas.
El 10 de marzo se realizó la apertura de sobres bajo esta nueva modalidad. Se presentaron nuevamente Clisa, con una oferta de $54.246 millones ($13.561 por vianda), y Bio Limp, que cotizó $59.552 millones ($14.888 por ración). La propuesta de Clisa resultó más de $5.000 millones más barata.
Pese a la exclusión anterior, Bio Limp insistió. Presentó un acta notarial para demostrar que sí había incluido la garantía y amenazó con acciones legales.
Las observaciones del fiscal de Estado
El dictamen de Fernando Simón incluyó una crítica central: el Ministerio de Seguridad no remitió el expediente completo antes de dictar el decreto que habilitó la contratación directa, lo que, según el fiscal, vulnera los principios de control previo y constitucional.
“La función de control no puede quedar sujeta a la voluntad del organismo controlado”, sostuvo, y recordó que esa práctica contradice el artículo 177 de la Constitución provincial.
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El fiscal de Estado, Fernando Simón, hizo observaciones a la adjudicación directa de la concesión de las viandas para presos que otorgó el Ministerio de Seguridad.
Aun así, Simón concluyó que la oferta de Bio Limp debía ser rechazada por otros incumplimientos no subsanables, y admitió que la adjudicación a Clisa es legal. La Dirección de Asuntos Administrativos de la Fiscalía también respaldó la adjudicación, señalando que la oferta mejorada de Clisa estaba incluso por debajo del presupuesto oficial, lo que implicaba un ahorro para el Estado.
“El monto ahorrado es significativo: permitiría cubrir el gasto de combustible de toda la flota del ministerio -incluidos los helicópteros- durante un año”, insistió la ministra Rus.
Recomendación a futuro
No obstante, y pese a admitir la legalidad de la contratación, el fiscal de Estado recomendó girar el expediente al Auditor de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, y al Tribunal de Cuentas, para una revisión más exhaustiva del proceso.
