La Cámara baja sancionó la nueva normativa de financiamiento universitario el 21 de agosto, así que resta saber qué hará ahora. Si no alcanza los dos tercios, el proyecto se cae; y si lo alcanza, todavía falta que el Senado se pronuncie en la misma dirección. Lo mismo sucederá con la emergencia pediátrica.
El debate en Diputados se da en un contexto de movilización de diversos sectores, de tensión entre Javier Milei y los gobernadores en medio de la campaña electoral nacional tras la derrota del oficialismo nacional en las legislativas de la provincia de Buenos Aires.
financiamiento universitario
Una de las marchas será hacia el Congreso de la Nación.
De qué se trata la ley de financiamiento universitario
La ley de financiamiento universitario, que fue vetada por Javier Milei preveía una actualización de las partidas presupuestarias para las universidades, sus hospitales y extensiones de ciencia y tecnología al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024.
Para este año, proponía implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. La iniciativa también establecía un aumento salarial para docentes y trabajadores no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. A partir de allí, planteaba que se debía actualizar de manera mensual por IPC.
De qué se trata la ley de emergencia sanitaria
La ley de emergencia sanitaria, conocida como ley Garrahan, buscaba declarar la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud por dos años, y establecía la reasignación de fondos y usos de reservas destinadas a situaciones de contingencia sanitarias.
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Reclamo de los trabajadores del Garrahan pidiendo por la Emergencia pediátrica.
Se preveía una asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.
Incluía la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. En ese aspecto, incluía a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos.
Eximía a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de Ganancias cuando desempeñan actividades críticas.
Establecía la adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos, mediante procedimientos excepcionales previstos en la Ley de Emergencia Pública.