Aunque el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) recién será publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Nación, ya se sabe que el Gobierno ha decidido prorrogar, hasta el 31 de mayo próximo la resolución que prohíbe despidos de trabajadores sin causa mientras siga la situación de pandemia por el Covid que afecta a la Argentina desde marzo de 2020.

La prohibición de despidos fue dispuesta por primera vez el 31 de marzo del año pasado cuando el coronavirus comenzaba a expandirse. Después hubo tres prórrogas, dos en 2020 -en junio y diciembre- y otra en este 2021, en enero.

Lo novedoso es que en esta ocasión no alcanzará al sector de la construcción porque se ha tomado en cuenta que ha registrado un crecimiento en su actividad y no estaría en la situación de emergencia que viven otros rubros.

Cuando se dictó por primera vez la prohibición de despidos regía la fase del ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) que hoy no está en vigencia aunque sí se cumplen otro tipo de restricciones aplicadas de diferente modo en las distintas provincias o jurisdicciones. Hoy la limitaciones son casi exclusivamente de circulación nocturna, con horarios disímiles en todo el país. Mientras en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) el cese de actividades comienza a las 20 en Mendoza la paralización se inicia a las 0.30.

Lo que estableció el decreto inicial de marzo del año anterior, sucesivamente prorrogado y que también aparecerá en el que se publicará este jueves es que se prohíben despidos "sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor".

La última prórroga vence el sábado próximo por lo que se hacía necesario un nuevo decreto si es que el Gobierno pretendía seguir con este prohibición de despidos, algo que finalmente se decidió esta semana y por eso este jueves saldrá el nuevo DNU.

Por otra parte la extensión de esta decisión era pedida por los gremios pero muy especialmente por la Confederación General del Trabajo (CGT) dada la preocupación por la crisis económica que ha llevado a algunas empresas a pagar salarios con atrasos en el mejor de los casos y a suspensiones y cierres en un escenario más complicado.

Además de la prohibición de despidos, el Gobierno había dispuesto la doble indemnización como otra forma de proteger el empleo pero a principios de año modificó esta resolución y fijó un tope mínimo indemnizatorio de $500.000.