Todos cedieron y el Presupuesto 2026 salió de la Cámara de Diputados con media sanción por amplia mayoría esta semana. Si bien al oficialismo le bastaba con sus votos y los de aliados, no solo para aprobarlo sino también para conseguir las autorizaciones del roll over y el endeudamiento, el diálogo se extendió para lograr también el apoyo del peronismo.
Media sanción
Presupuesto 2026: el endeudamiento extra que el PJ pactó con el Gobierno antes de aprobarlo
Se trata de una suma para financiar obras de infraestructura escolar: refacción y construcción de edificios escolares
Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 con amplia mayoría.
Para que éste se diera, hubo un cambio clave en el texto original del proyecto: la eliminación de una norma que obligaba a los municipios a destinar a infraestructura escolar al menos el 40% de lo que reciben de coparticipación nacional por la Ley de Financiamiento Educativo.
La autorización de endeudamiento extra que se incorporó al proyecto del Presupuesto 2026 es para obras de infraestructura escolar.
Esta limitación concreta a las decisiones municipales generaba resistencia en los intendentes. El peronismo fue uno de los que puso el grito en el cielo: “Es inconstitucional ese tope mínimo”, argumentaban desde el sector.
Finalmente, el oficialismo cedió y aceptó retirar el porcentaje del texto del proyecto del Presupuesto 2026. Y como moneda de cambio, el peronismo hizo una propuesta: agregar -en los artículos que autorizan al Gobierno a endeudarse para buscar fondos para la obra de ampliación del Metrotranvía y para la del Tren de Cercanías del Este- el permiso para un crédito más por hasta $73.000 millones. Ese dinero extra será destinado a refaccionar, construir o mejorar edificios escolares.
El 40% de la discordia que se quitó del Presupuesto 2026
Repasemos. La Ley nacional de Financiamiento Educativo N° 26.075, que transfiere fondos a las provincias y municipios para garantizar inversión educativa, ordena que ese dinero sea destinado específicamente a infraestructura y equipamiento de las escuelas.
Sin embargo, en la práctica se utilizó a discreción durante años, para gastos u obras que no siempre tenían que ver con lo educativo.
A raíz de esto, desde la llegada de Víctor Fayad como ministro de Hacienda, cada año el Gobierno intentó guiar a los municipios –con cambios en la Ley de Presupuesto- para que esos fondos sean utilizados según su asignación específica.
De a poco, el oficialismo fue logrando firmar convenios con los intendentes –de todos los espacios- para comprometerlos a usar parte de ese dinero que proviene de Nación en inversiones para las escuelas.
Con el proyecto de Presupuesto 2026 de este año, lo que el ministro de Hacienda buscó fue acelerar ese proceso de respeto a la asignación específica y ponerle números concretos a la inversión municipal para infraestructura escolar: que sea de al menos el 40% de lo que les llega por coparticipación nacional, en concepto de la Ley de Financiamiento Educativo.
Ese cambio fue un cimbronazo para muchos de los intendentes y el peronismo batalló hasta lograr sacarlo. El oficialismo no cree que sea inconstitucional el requisito mínimo de inversión, pero igual cedió en el pedido para eliminarlo del texto de la ley.
“Es mucho dinero y hay que ordenarlo para que se cumpla con lo que fija la ley, que es que se invierta todo en educación”, justifica el ministro de Hacienda, Víctor Fayad. Aunque reconoce que, como otras veces, por ahora es mejor ceder y seguir apuntando a hacer acuerdos con los intendentes, como se venía haciendo.
El ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad.
A cambio, y entendiendo que la infraestructura escolar en Mendoza efectivamente necesita una mejora importante, el peronismo cayó a la Legislatura con una propuesta: autorizar al Gobierno a tomar deuda para invertirla en la refacción y construcción de edificios escolares.
“Los edificios escolares de toda la provincia atraviesan una situación compleja, difícil”, dijo a Diario UNO Germán Gómez, jefe del bloque del Partido Justicialista, y explicó la oferta, que fue bien recibida en el oficialismo: “Autorizamos al Gobierno a endeudarse para poder refaccionar, construir y mejorarlos”.
El Ministerio de Educación y DGE tiene en carpeta una larga lista de proyectos que son viables para hallar ese financiamiento, al que autorizará la Legislatura con los dos tercios en caso de que se apruebe definitivamente el proyecto en la Cámara de Senadores.
La autorización, según el nuevo texto del borrador del Presupuesto 2026, es por unos $73.000 millones y tiene que ver con proyectos de inversión que siguen la línea de la transición energética, la sustentabilidad y la autosuficiencia; todas iniciativas “verdes” atractivas para organismos de financiamiento.
Ese ok para la toma de deuda se suma a los otros dos que ya figuraban en el proyecto: el pedido para seguir buscando crédito para la obra de ampliación del Metrotranvía y el de la búsqueda de créditos para una parte de la obra del Tren de Cercanías del Este.
El diputado Jorge López fue el miembro informante del proyecto del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.
Para las autorizaciones de endeudamientos y para el roll over o refinanciación de deuda pública, fueron necesarios dos tercios de la Cámara –ocurre lo mismo en el Senado-.
Por lo pronto, la media sanción lo logró con creces. El Presupuesto 2026 salió con el aval de toda la oposición -a excepción de la kirchnerista Valentina Morán- para el proyecto en General y el endeudamiento. En tanto que, para el roll over, hubo ok de todos los bloques, salvo el Partido Verde (Emanuel Fugazzotto) y la legisladora Morán.
El otro artículo del Presupuesto 2026 que hizo ruido en los municipios
El artículo 18 sobre el manejo del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias también tuvo detractores. Y, en este caso, si bien hubo modificaciones en el texto original, el peronismo y el Partido Verde decidieron no acompañarlo en particular.
El Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias (FPCT) fue creado por una ley provincial a mediados de los 2000, con el objetivo de igualar el costo del servicio eléctrico entre las distintas distribuidoras y cooperativas del interior.
Partía de la hipótesis de que no todos los mendocinos pagan lo mismo por la electricidad, ni que los costos operativos son iguales, por la distancia, por la infraestructura, por la cantidad de usuarios; y que, a su vez, al circular por uno u otro departamento, todos terminamos beneficiándonos del servicio de alumbrado público, sea cual fuere el municipio en el que nos asentamos.
Lo que se resolvió entonces, para compensar las diferencias entre municipios, fue este fondo común, solidario, que se alimenta con aportes de las distribuidoras eléctricas y del Estado y se reparte entre los 18 departamentos.
La sesión por el Presupuesto 2026, que se trató después de Avalúo e Impositiva, terminó pasadas las 20.
En la práctica, los municipios reciben recursos del fondo para pagar o subsidiar el alumbrado público y que el vecino no tenga que pagar más o menos simplemente por una cuestión geográfica.
Lo que propone el Gobierno ahora es dejar atrás el sistema solidario de compensación de alumbrado público vigente y avanzar hacia uno en el que los municipios destinen partidas específicas a obras de infraestructura e instalaciones eléctricas, costeando su propio servicio, aunque bajo supervisión de los gastos y tarifas por parte del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).
El argumento que dan desde el oficialismo es que con el tiempo, el sistema solidario se volvió ineficiente y las responsabilidades se fueron diluyendo: al pagarse en conjunto, se efectúan compras o refacciones sin mucho análisis de costo y los municipios no se comprometen a controlar el consumo ni faltas como las conexiones ilegales.
La idea que propone el artículo 18 del proyecto del Presupuesto 2026 es que cada intendencia administre sus gastos eléctricos y determine, si lo necesita, un cargo específico por alumbrado público en su tasa municipal para que lo pague el vecino.
Desde el Ministerio de Hacienda explicaron a Diario UNO que, así como mediante convenios con intendentes se logró que se afectaran fondos específicos a educación, también se logró que lo hicieran para obras, refacciones o mejoras del alumbrado público.
Una de las estrategias fue la entrega de créditos para la adquisición de lámparas led. Pero la economía argentina jugó una mala pasada: los precios se fueron por las nubes y el proceso de compra y reposición se ralentizó. Y así, los municipios que pagaban sus propias cuentas tuvieron que empezar a pasarle ese costo a los contribuyentes, haciéndoles pagar tasas altas para costear el alumbrado público.
En definitiva, lo que propone el Gobierno es ordenar el sistema: ponerle fin al fondo comunitario de compensación de tarifas y que los municipios determinen el cargo en sus jurisdicciones, pero con control previo y posterior de costos por parte del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE).
Los intendentes de municipios alejados del Gran Mendoza miran de reojo la propuesta, de ahí que el bloque peronista decidió votar en contra ese artículo en particular. Lo mismo hizo el Partido Verde, que teme que una medida como esta -que de todas maneras ya obtuvo media sanción junto al resto del Presupuesto 2026- termine trasladándose a las tasas municipales que pagan los vecinos.