Fundamentos del cuestionamiento
Son tres los fundamentos que llevaron a la presentación en contra de la realización de la presa Portezuelo del Viento.
El primero de ellos tiene que ver con la existencia de un solo oferente para la realización de la obra, el cuestionamiento a este consorcio se refuerza en que cuando la licitación estuvo a punto de quedar sin efecto, ellos realizaron una mejora en la propuesta realizada al Ejecutivo.
El segundo motivo es el de la variación de los caudales del Río Grande, que en el futuro podrían afectar al llenado de la presa y a la generación de energía.
En tercer y último lugar, se pidió a Simón que evaluara la posibilidad de futuros juicios al Estado si la obra se paraliza, que podrían afectar el patrimonio de la provincia.
Respuesta de Simón
En un escrito publicado por la Fiscalía de Estado, se explicita en qué se fundamentó Simón para dar vía libre al gobernador de continuar o no con la licitación. Antes que nada, aclararon que, para tomar su decisión, Simón pidió informes al Departamento General de Irrigación, a la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (Emesa) y a la autoridad de aplicación del proceso licitatorio, el Ministerio de Infraestructura de Planificación e Infraestructura Pública.
Luego de recibir los datos solicitados, el fiscal determinó al respecto de los puntos cuestionados.
Sobre el proceso licitatorio, opinó que la existencia de un único oferente no es legalmente causal de fracaso de la licitación y que tampoco resulta un obstáculo legal que se haya solicitado y obtenido una mejora de la oferta del orden del 22%, la que en definitiva resulta en beneficio de la Provincia.
Sobre la disminución de los caudales del rio Grande en la última década, sostuvo que, resulta un hecho incontrovertible que genera incertidumbre. Pero destacó que la simulación del llenado de presa realizado por EMESA, considerando su cierre desde los años 2010 a 2017 (de gran escasez hídrica), concluyen que el embalse se llenaría en un plazo máximo de 4 años y estaría en situación de empezar a generar energía en no más de 12 meses desde el cierre.
En cuanto a las objeciones sobre la evaluación económica, se concluye que el valor de una inversión pública no puede limitarse a analizar el recupero y rentabilidad financiera, sino que debe contemplar muchos otros beneficios, tangibles e intangibles, que resultan de gran trascendencia social, y que elevan la rentabilidad al 28%, de acuerdo a los informes existentes.
Respecto a eventuales conflictos interjurisdiccionales y planteos judiciales, opinó que situaciones similares pueden darse respecto a cualquier obra hidroeléctrica que decida realizar la Provincia, por lo que no resultan por sí causa suficiente para no avanzar en este proceso.
Hay que recordar que Portezuelo aún no tiene la aprobación del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) y que un eventual fallo en contra podría provocar que la obra no pueda concretarse. Por esto, Simón aclara que es menester del gobernador Rodolfo Suarez evaluar la conveniencia de la continuidad, y sugiere que el consorcio Malal-Hue se explaye al respecto de su renuncia a posibles reclamos judiciales.