Un caso de 1990

Por el caso Garrido y Baigorria, la Justicia pidió la captura internacional de 2 ex policías

Se trata de Samuel Valladares y Lucio Sosa, con domicilios en Chile y España. Son parte del lote de 21 imputados por la desaparición forzosa de Garrido y Baigorria

La Justicia Federal de Mendoza emitió orden de captura internacional contra dos ex policías que son parte de los 21 imputados por la desaparición forzosa de Garrido y Baigorria, investigación judicial que se reactivó la semana pasada casi 34 años después.

El caso está en manos del fiscal federal Fernando Alcaraz y del juez federal Marcelo Garnica, quienes promovieron la captura internacional de Lucio Sosa y Samuel Valladares, con domicilios en España y Chile, cuando "ingresen a territorio argentino".

La querella particular, en nombre de los familiares, está encabezada por los abogados Carlos Varela Álvarez, Enoc Ortiz y Josué Varela.

Clave para el avance de esta causa es un informe presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a mediados de los ´90 por una comisión investigadora Ad-Hoc que también trabajó sobre el caso Paulo Guardati, también de desaparición forzosa.

Integrada por los abogados Jorge Cardozo, Luis Marcó del Pont y el mendocino Alejandro Piña -hoy camarista federal-, reconstruyó, en base a testimonios, que Garrido y Baigorria fueron detenidos en el Parque San Martín, fueron torturados en calabozos del Palacio Policial y muertos a manos de la Policía.

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Mendoza, 1996. La comisión investigadora Ad Hoc del caso Garrido y Baigorria presenta sus conclusiones en los Tribunales de Mendoza. En la foto, Jorge Taiana, Zelmira Regazzoli, Jorge Cardozo, Luis Marcó del Pont, Alejandro Piña y Alejandro Poquet (trabajó en el caso Guardati).

Mendoza, 1996. La comisión investigadora Ad Hoc del caso Garrido y Baigorria presenta sus conclusiones en los Tribunales de Mendoza. En la foto, Jorge Taiana, Zelmira Regazzoli, Jorge Cardozo, Luis Marcó del Pont, Alejandro Piña y Alejandro Poquet (trabajó en el caso Guardati).

Esa pesquisa motivó la condena al Estado Argentino a indemnizar a las víctimas y familiares con 100.000 dólares y a investigar el caso para dar con los responsables y someterlos a proceso penal, algo que recién ocurre casi 34 años después.

La conclusión de la CIDH se asentó en los desempeños de la Justicia de Mendoza y de la Policía de Mendoza.

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Dos ex jueces y 17 ex policías presos entre los 21 imputados

Tras las detenciones ocurridas en el Gran Mendoza, la Justicia indagó y concedió el beneficio de la prisión domiciliaria preventiva a los ex jueces de instrucción Enrique Knoll (78) y Adelmo Argüello por razones de salud.

Lo mismo para Jacinto Olmedo, ex jefe policial, actualmente imputado y juzgado en un proceso de lesa humanidad; y los ex uniformados Rubén Funes. Rolando Olarte y José Vega.

Knoll y Argüello tuvieron a cargo -cada uno a su turno y en ese orden- la responsabilidad de investigar en la década del ´90 qué sucedió con Adolfo Garrido y Raúl Baigorria desde la tarde del sábado 28 de abril de 1990 cuando fueron detenidos en el Parque San Martín, frente a la Escuela Eva Perón.

Desde entonces, nunca más fueron vistos y tampoco se hallaron sus restos óseos, a pesar de las ofertas de recompensa en dinero que realizó el Ministerio de Seguridad de la Nación en la última década.

Knoll fue destituido por el Jury de Enjuiciamiento en el año 2000 por su desempeño en el caso. Por entonces era Fiscal de Cámara, lo que motivó que Argüello se hiciera cargo del Cuarto Juzgado de Instrucción. Más tarde, Argüello fue fiscal de Cámara y se jubiló en 2009.

El caso Garrido y Baigorria se reactivó cuando pasó de la Justicia de Mendoza al fuero federal en 2017 y se lo recaratuló como desaparición forzosa de personas por haber ocurrido a manos de fuerzas de seguridad y por ello delito imprescriptible a pesar del paso del tiempo, como los crímenes de la dictadura y la apropiación de menores de edad.

Durante 27 años, los jueces que intervinieron lo consideraron un caso de averiguación de paradero. Como si Garrido y Baigorria no hubieran sido detenidos por policías, tal como dijeron testigos de la época, muchos de los cuales reafirmaron su versión en los últimos años en el fuero federal.

Casi 34 años después

El miércoles 21 de este mes, la Justicia Federal imputó a 21 personas: los ex jueces Knoll y Argüello y 19 policías.

Hubo 19 detenciones y sólo 2 ex uniformados no fueron encontrados en sus domicilios, de ahí la orden de captura internacional.

Se solicitó el alojamiento de 14 ex policías en el complejo penitenciario federal Almafuerte, previo paso por la Unidad Carcelaria Federal 32 y la realización de chequeos médicos.

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