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Por decreto, las rutas nacionales vuelven a manos del Estado

Alberto Fernández oficializó la decisión de que Vialidad Nacional recupere la administración de Corredores Viales Nacionales, con más de 3 mil kms de rutas.

El gobierno de Alberto Fernández oficializó este miércoles la decisión de que la Dirección Nacional de Vialidad recupere y mantenga la administración de Corredores Viales Nacionales, con más de 3 mil kilómetros de rutas nacionales que se encuentran en manos de mantenimiento privados o de algunas provincias.

Lo dispuso el propio jefe de Estado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1036/2020 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con su firma y la del pleno del gabinete nacional.

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La decisión devuelve al Estado la gestión y administración de las rutas 3, 5, 7, A008, 8, 9, 11, A012, 33, 34, 35, 36, 193, 205, 226, ; Autopista Riccheri, Autopista Jorge Newbery; y Autopista Ezeiza/Cañuelas; entre otras.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis había anunciado en febrero que cinco corredores viales con unos 3.373 kilómetros de rutas que estaban concesionadas iban a volver a manos de la Dirección Nacional de Vialidad.

La semana pasada el funcionario dijo que tras negociaciones con los concesionarios hubo un mutuo acuerdo para dar de baja los contratos sin que esto dispare litigios contra el Estado nacional en el futuro.

La mayoría de las concesionarias habían comprometido inversiones a través de proyectos de Participación Pública y Privada (PPP) durante el macrismo, pero casi cuatro años después sólo habían desarrollado el 2% de lo comprometido, según fuentes oficiales consultadas por la agencia Noticias Argentinas.

Ahora, con el DNU, el gobierno decidió otorgar la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios al usuario de las rutas.

El Presidente instruyó a Katopodis a aprobar y suscribir el correspondiente Contrato de Concesión con la empresa estatal Corredores Viales SA, previa intervención de la Dirección Nacional de Vialidad.

El plazo del contrato será fijado en diez años, contados a partir de la fecha de toma de posesión, contemplando además la posibilidad de prorrogarse por períodos sucesivos.

La empresa estatal incorporará el personal que hasta la fecha de toma de posesión se encontrare en relación de dependencia con los Contratistas PPP predecesores de los Corredores Viales Nacionales "A", "B", "C" y "SUR", manteniendo la antigüedad adquirida a esa fecha y respetando las demás condiciones laborales vigentes a ese momento.

Esta disposición no incluirá al personal jerárquico que prestare servicios para esos Contratistas PPP ni al incorporado por dichos Contratistas PPP, salvo aquellas incorporaciones que tengan su origen en la sustitución de puestos operativos preexistentes a la firma de los respectivos Contratos PPP, debido a renuncia o por acceso al beneficio previsional del trabajador y de la trabajadora.

El Gobierno le dio a Corredores Viales SA la posibilidad de ceder en garantía los derechos al cobro de peaje y otros ingresos, con previa autorización de la autoridad de aplicación, que Vialidad Nacional.