Capitalismo salvaje es el que practican desde hace mucho tiempo países comunistas como China y algunos otros socios asiáticos, dice con saludable ímpetu provocador el filósofo Tomás Abraham, quien además admite con franqueza que los pensadores que más le interesan en la actualidad son los que afirman que no tienen la menor idea de lo que vendrá después de la pandemia y no los que buscan confirmar lo que ya presuponían cuando no había coronavirus.

El presidente Alberto Fernández participó vía internet de otra reunión del Grupo de Puebla. Esta vez pidió que en Colombia, Bolivia y Ecuador se unan “contra las fuerzas conservadoras”. Hace un mes había pedido lo mismo a los progresistas de Chile en contra de Piñera, lo que le valió un enojo diplomático con el mandatario trasandino, al punto que Fernández tuvo que llamarlo a Piñera para aclarar los tantos. ¿No es un menosprecio a los votantes de esos países que han elegido o puedan elegir a conservadores?

No se han registrado – que se sepa- casos de contagio entre los cajeros de los supermercados, uno de los sectores que junto con médicos, enfermeras y policías, no ha tenido la posibilidad de hacer su cuarentena como el resto. Un diario europeo rescató hace unos días  a estos trabajadores y pidió que también se los aplaudiera públicamente.

 Leo en el diario español ABC una entrevista a Ramón Tamanes un viejo dirigente del Partido Comunista Español que luego formó Izquierda Unida para terminar en el Centro Democrático y Social. Habla de la inconveniencia de que la  actual República española quiera sacarse de encima la monarquía. Y dice una frase que puede sonar a bravata: “Eso sería la preparación para otra guerra”. Y lo explica así: cuando en la década del 30 se instauró la Segunda República, ésta llegó “con ideas sanas: democracia, cultura y redistribución de la renta, pero los gobernantes hicieron todo bastante mal y crearon una división de España que dio lugar a la Guerra Civil. También la extrema izquierda y la extrema derecha hicieron lo posible para que hubiera una guerra”. Y termina explicando que la monarquía de Juan Carlos y de Felipe ha servido desde la muerte de Franco para atemperar los ánimos y actuar como “árbitro” de esa grieta ibérica.

Los ministros están para dar las malas noticias y los gobernadores, las buenas. Es un clásico porque a los ministros no los ha elegido el pueblo y pueden saltar por los aires en cualquier momento. El mandatario, en cambio, ha firmado un contrato de 4 años con la ciudadanía. Es inamovible. Hace un mes el ministro de Hacienda, Leandro Nieri, advirtió que por la brutal caída de la recaudación peligraba el pago normal de los sueldos de mayo, los que seguramente se iban a pagar escalonados y quizás en cuotas. Con el paraguas ya abierto ahora Rodolfo Suarez ha salido a dar la buena nueva: los haberes de mayo se pagarán con normalidad.

¿Usted no está un poco harto/a de esas formas tan poco periodísticas que utilizan muchos medios digitales que se han  ido apartando del respeto a los lectores y que anuncian en sus títulos cosas o sucesos que después no son tales? Y ni hablar de ese lenguaje de guerra donde fulano “destroza” a Feinmann, o Mengaño “cruza mal” a Baby Echecopar, o donde Zutano “calienta  las redes” cuando en realidad ha dicho un par de pavadas que no merecerían el honor de ninguna tipografía?

El ex vicepresidente Amado Boudou podrá seguir en su casa pese a estar condenado por la causa Ciccone. El fiscal Javier De Luca que debía haber apelado ante la Cámara Federal de Casación para que volviera a prisión, decidió no hacerlo. De Luca profesa conocidas simpatías con el kirchnerismo. Esta noticia se suma a la del titular de la Oficina Anticorrupción, el ex fiscal Félix Crous, quien desistió de seguir siendo querellante en las causas Hotesur y Los Sauces que involucran a Cristina Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia, siendo que precisamente ésa es su labor en dicho organismo. Crous es un conocido representante de Justicia Legítima creada durante la gestión presidencial de Cristina para “democratizar” la Justicia. A eso se le suma el desmantelamiento que el kirchnerismo ha hecho del ente oficial que protegía a los testigos que denunciaban hechos de corrupción en el Estado.

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