Fuerzas Armadas

Petri dijo que desmanteló a un sector creado para investigar a la dictadura porque "eran macartistas"

El ministro de Defensa justificó la salida de casi todo un equipo que investigaba crímenes de lesa humanidad argumentando que era un grupo "parajudicial"

Por UNO

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, desmanteló a un equipo que había sido creado en 2010 para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Por esa decisión fue denunciado internacionalmente por la diputada porteña Victoria Montenegro y en las últimas horas el mendocino salió a defenderse: "Era un grupo parajudicial de persecución", aseguró.

El Equipo de Relevamiento y Análisis documental (ERyA) preparaba informes a pedido de la Justicia, indagando en los archivos de las Fuerzas Armadas. Petri decidió desvincular a 10 de los 13 integrantes que tenía el sector.

“Podían tener llaves de todas las oficinas, requisar y meterse en los archivos, precintar lo que quisieran sin tener una orden judicial”, criticó en diálogo con Clarín, a la vez que señaló que incluso él, como ministro, no podía acceder a los informes que habían preparado esos empleados.

"Eran un grupo de persecución que hacía macartismo en las Fuerzas Armadas”, sentenció. Para algunos, resultó ser un uso bastante creativo del término acuñado a raíz del rol del senador estadounidense Joseph McCarthy, quien en los años '50 desató una cacería contra ciudadanos acusados de ser comunistas.

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La vicepresidenta, Victoria Villarruel, ha criticado duramente a los juicios de lesa humanidad. Ahora las críticas a Petri lo asocian con esa postura.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, ha criticado duramente a los juicios de lesa humanidad. Ahora las críticas a Petri lo asocian con esa postura.

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Repercusiones en la Justicia

Las modificaciones del ERyA tuvieron eco entre los fiscales que siguen investigando crímenes de lesa humanidad. Dicen que se quedaron sin un instrumento operativo que los ayudaba en las pesquisas.

Ese plantel de Defensa estaba autorizado a limitar el acceso de uniformados y funcionarios a algunas dependencias donde precisara "proteger documentación" de las FF.AA.; accediendo incluso a copias de las llaves para ingresar a las instalaciones.

Petri fue vehemente en su crítica: “No sabemos a quién respondían. Tenían 6 informes publicados en 14 años. La designación en 2010 era por seis meses y (el ex ministro Jorge) Taiana los declaró permanentes”.

El ministro incluso aseveró que se había concretado una “persecución”. Sin embargo, aclaró que el sector seguirá existiendo. “Vamos a rediseñar todo el área”, adelantó.

Los despedidos, en tanto, explicaron que se hizo un importante trabajo de rastreo y reconstrucción de organigramas, así como el detalle de las responsabilidades en los momentos que se mencionaban durante las investigaciones.

"Comprobábamos, por ejemplo, si un tipo que decía no haber estado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) decía la verdad. Estoy seguro de lo valioso de nuestro trabajo. Nos echaron no por no hacer, sino por lo que hicimos”, subrayó Hernán López, uno de los desvinculados.

El pasado 24 de marzo, en un nuevo aniversario del golpe cívico militar de 1976, el gobierno de Javier Milei difundió un video oficial en el que habló de "memoria completa" y destacó la violencia de las organizaciones armadas pero sin referirse al terrorismo de Estado ni enfatizar la interrupción del gobierno democráticamente elegido cuyo mandato terminó por aquellos días.

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La denuncia de Montenegro

La denuncia presentada ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la diputada porteña Victoria Montenegro -presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires- dice que el ERyA operó durante 14 años y contribuyó con más de 170 informes en casos de crímenes de lesa humanidad.

Según la diputada, el desmantelamiento no solo podría dificultar las investigaciones judiciales, sino también el acceso a la verdad sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. La diputada Montenegro destacó que esta medida obstruye la capacidad de trabajo de los equipos, afectando la recolección de información crucial para las investigaciones y la construcción de la memoria colectiva.

Con 17 juicios en curso, 62 causas pendientes de juicio y cientos de perpetradores aún por identificar, Montenegro y otros especialistas opinan que el proceso de verdad y justicia está en pleno desarrollo.

A su vez, se han solicitado medidas cautelares para la reincorporación de los especialistas despedidos y se han enviado pedidos de informes para exigir explicaciones sobre el desmantelamiento del área.

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