El beneficio impositivo, que se renueva todos los años, genera un importante alivio sobre las instituciones educativas de gestión privada, que este año tuvieron la incertidumbre de la permanencia del mismo por la demora del anuncio, en medio del cambio de gobierno y de la implementación de políticas de ajuste generalizadas.
La tranquilidad llegó días atrás con la habilitación por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la posibilidad para que los empleadores titulares de establecimientos de enseñanza privada puedan acceder a la reducción al presentar el formulario 931.
colegios privados
El beneficio impositivo para los colegios privados de Mendoza fue publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La oficialización de la continuidad del beneficio se hizo pública este jueves, en el documento que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
En el texto oficial, el Ejecutivo consideró "indispensable" prorrogar el plazo previsto en el artículo 24 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 27.541 hasta el 31 de diciembre de 2024, inclusive, que mantiene la exención del cargo establecido por dicha normativa, aplicando alícuotas diferenciadas en las contribuciones patronales de las escuelas de enseñanza privada.
La extensión de la dispensa tuvo en cuenta "que el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado por el componente salarial, en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales" y que en caso de autorizar la aplicación de la mencionada norma "produciría un incremento desmesurado en las contribuciones patronales a pagar por las instituciones a las que se hizo referencia", según se expuso en el decreto.
Además, el documento oficial aseguró que el aumento "sería incluso mayor en jurisdicciones alejadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, ya que las reducciones de las que actualmente se benefician estos establecimientos difieren en las diversas áreas y regiones del país conforme a la normativa vigente".
Al mismo tiempo, el gobierno puntualizó que "la mayoría de los establecimientos educativos privados goza de aporte estatal, siendo estos financiados únicamente por las provincias, en virtud de la transferencia de los servicios educativos a las jurisdicciones provinciales, atento lo establecido hace varios años por la Ley N° 24.049, el incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los docentes curriculares sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios".
Asimismo, el Ejecutivo consideró que "en los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal, o lo reciba parcialmente, el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía".
En el decreto, también quedó de manifiesto que "la elevación del nivel de contribuciones patronales que se produciría a partir del 1° de enero de 2024 agravaría el crítico contexto en el que las instituciones de que se trata se encuentran inmersas, repercutiendo en la economía de muchas de las familias que asisten a ellas, ya debilitada a raíz de las referidas medidas".
