Mendoza inició la batalla judicial contra el Banco Central por el cepo a las provincias
Al borde de la feria, la Provincia demandó al BCRA y a la Nación ante la Corte Suprema de Justicia en busca de que se declare la inconstitucionalidad de la medida, que condiciona el acceso al dólar para el pago de la deuda local
Rodolfo Suarez dio el ok final para que Mendoza demande al BCRA y a la Nación por el cepo a las provincias. Imagen ilustrativa.
La Provincia de Mendoza inició el viernes una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para atacar la resolución del Banco Central (BCRA) que impuso un cepo a las provincias para dificultarles el acceso al dólar en el pago de sus deudas en moneda extranjera.
Mendoza resultó ser una de las afectadas por esta medida que está vigente desde el 2 de junio y que ya fue cuestionada judicialmente por Córdoba.
El equipo legal de la Provincia, con Juan María Díaz Madero como abogado representante en Buenos Aires, decidió ir por la vía judicial apelando a la competencia originaria de la Corte para, primero, saber si la resolución es aplicable a Mendoza y, si así lo fuera, que se declare su inconstitucionalidad.
La acción fue acompañada por una medida cautelar que la Corte debería resolver al regresar de la feria judicial, que culmina el 28 de julio.
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Mendoza inició una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el cepo a las provincias.
La letra chica del ataque de Mendoza al Banco Central para poder acceder al dólar oficial
La demanda iniciada este viernes tiene como destinatarios no solo el Banco Central de la República Argentina sino también la Nación.
"La medida del Banco Central para impedir la adquisición de dólares para el pago de la deuda de las provincias es inconstitucional a todas luces", expresó a Diario UNO el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez Rozas.
El funcionario, mano derecha del gobernador Rodolfo Suarez, señaló que el equipo legal resolvió acudir de manera directa por vía judicial -y no administrativa como en otros casos- porque el Banco Central es una entidad autárquica que no tiene otra autoridad por encima por lo que no existe la posibilidad de plantear un recurso jerárquico como remedio para que un superior revea su decisión.
Así, el viernes 14 de julio, horas antes del inicio de la feria judicial acordada por la misma Corte, se presentó una acción declarativa de certeza con una medida cautelar en suspenso, el medio legal para que, en definitiva, se resuelva sobre la constitucionalidad o no de la normativa en cuestión.
Con la acción declarativa de certeza lo que Mendoza busca es que el máximo tribunal defina si la comunicación del BCRA que remite al punto 3.17 de las normas de “Exterior y cambios” es aplicable a la situación de Mendoza.
El análisis se centrará en si las reestructuraciones de deuda -que es lo que tiene en curso la Provincia con los bonos PMM29 emitidos por 590 millones de dólares- quedan fuera de la exigencia, como pareciera referir el punto 3.17.2.4 de la propia normativa, que excepciona a: "Endeudamientos originados a partir del 01.01.2020 y que constituyan refinanciaciones de vencimientos de capital posteriores a esa fecha".
Y luego de ello, si la Corte resolviera que efectivamente la normativa es aplicable a Mendoza, que se declare la inconstitucionalidad de la misma. Por un lado porque va en contra de las garantías constitucionales de la Provincia y de sus habitantes; y por otro porque si fue el propio Estado el que autorizó la toma de deuda y la refinanciación en octubre del 2020, ¿por qué entonces hoy no permitiría el acceso al dólar oficial para el pago de los vencimientos?
Qué dice la medida del Banco Central que Mendoza cuestiona
La resolución se publicó en el Boletín Oficial a principios de junio. En la misma, la comunicación del BCRA remite al punto 3.17 de las normas de “Exterior y cambios” haciéndolo exigible también para las provincias que tengan que cancelar vencimientos de capital en dólares.
Lo que ese punto de la normativa establece es que que se deberá presentar una propuesta ante el BCRA para cancelar hasta el 40% de los vencimientos y que para el resto del capital a pagar se puede obtener un nuevo financiamiento.
En criollo, eso significa que el Banco Central brindará acceso a dólar oficial hasta alcanzar el 40% de lo que Mendoza tiene que pagar por capital en cada vencimiento y que para el 60% restante la provincia deberá usar sus dólares -si los tuviera-, comprarlos en el mercado al valor del Mercado Electrónico de Pagos (MEP) o refinanciar la deuda.
Esta última opción no está dentro de las alternativas que el Ministerio de Hacienda maneja dado que justamente lo que se está pagando desde marzo son los vencimientos de una refinanciación de la deuda original.
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El ministro de Hacienda, Víctor Fayad.
La pelea por la diferencia de más de $5.000 millones
Mendoza es una de las provincias que tiene que afrontar compromisos en dólares. Se trata de los vencimientos de los bonos PMM29 emitidos por 590 millones de dólares en 2020.
En marzo se pagaron intereses y el primer pago de amortización del capital, todo por unos 58 millones de dólares que Mendoza pudo comprar en el BCRA a dólar oficial con parte del dinero que tiene guardado por el superávit obtenido en los últimos ejercicios.
El próximo vencimiento es el 19 de septiembre -de ahí la presentación de una cautelar para suspender la aplicabilidad de la medida mientras la Corte resuelve el fondo-.
El monto en dólares también de 58 millones pero en pesos, con la restricción del Banco Central y la suba del precio del dólar MEP, será mucho mayor del desembolsado en marzo.
Esos 58 millones están compuestos por un 15% de intereses que no quedan afectados por el cepo y, del resto, un 60% que Mendoza tendría que conseguir a precio de dólar MEP, que hoy está $215,81 más arriba que el dólar oficial.
Así, la Provincia podría comprar al oficial unos 30 millones y medio de dólares para el 40% de capital más los intereses (es decir algo más de $8.500 millones) pero comprar al MEP otros 27 millones y medio de dólares para el 60% de capital restante, lo que equivale, a hoy, a más de $13.600 millones.
Entonces el Ministerio de Hacienda debería utilizar para el pago de septiembre (a la cotización de hoy) unos $5.100 millones más que lo que hubiese gastado con la normativa anterior.
