De una fuente judicial
Pruebas en contra
En 2017, más precisamente el 15 de junio, la Fiscalía de Estado intimó a Luis Lobos y a Claudia Sgró a que en el plazo de diez días hábiles "justifiquen la procedencia de los bienes muebles e inmbuebles que ingresaron a su patrimonio".
Abrió dos expedientes y les advirtió de que los períodos bajo la lupa son los que van desde noviembre de 2003 a noviembre de 2015, en el caso de Lobos, y desde octubre de 2003 a noviembre de 2015, en el caso de Sgró.
Sin embargo, ninguno respondió la requisitoria. Y esa fue una prueba importantísima para la Justicia.
Entre otras pruebas, también declararon testigos que los dejaron mal parados. Políticos del FIT de Guaymallén pero también viejos conocidos y hasta la primera esposa de Lobos.
Expusieron y respondieron sobre diversos tópicos. Pero uno de los más interesantes y controvertidos fue el capítulo que el propio Lobos inició cuando declaró que su patrimonio ya había crecido mucho antes de ser agente municipal: por los ahorros en dólares que trajo desde Canadá, donde había vivido y trabajado.
Plata traída del exterior sin declarar en la Aduana, versiones cruzadas y razonamientos que no cerraban, especialmente acerca de la capacidad de ahorro argumentada, dieron pie a pedidos de informes al gobierno canadiense a través de la Oficina de Cooperación Internacional de la Suprema Corte. Y aunque esta diligencia no aportó nada, en el balance general quedó flotando la firme sensación de que Lobos no podía convencer a nadie.
Los bienes, en detalle
Peritajes contables y allanamientos y cotejos de papeleos determinaron para la Unidad Fiscal de Delitos Económicos que Lobos y Sgró poseen la propiedad de los siguientes bienes:
Una casa de 620 m2 cubiertos en calle Tirasso 4357 de Guaymallén, departamentos en calle Cangallo 3800, dos lotes de 500 metros en Bermejo, otro terreno en un country, una camioneta Amarok 2011, un auto Peugeot 308 modelo 2012 y un cuatriciclo de primerísima marca internacional.
Detalle: uno de los lotes ubicados en Bermejo fue adquirido por una sociedad anónima encabezada por ex parientes políticos de Lobos. En este caso, el imputado declaró haberse integrado a la misma por invitación de quien fuera su suegro. Pero advirtió que "desconocía el objeto social de la sociedad anónima".
En números
Lobos será juzgado por enriquecimiento ilícito por casi $4 millones. En el caso de Sgró, por una cifra menor: $1.018.837.
Teniendo en cuenta los pasos reglamentarios pendientes, el debate a Lobos y Sgró se haría casi a fin de año o durante el primer trimestre de 2021.
Para tener en cuenta deben avanzar: la oposición a la elevación a juicio, las audiencias preliminares para circunscribir el objeto procesal y desechar pruebas y la conformación del tribunal de sentencia.
Y más aun: la regularización de los audiencias y juicios postergados por la pandemia de coronavirus.
