Terrorismo de Estado

Luis Petri aclaró que la baja de 23 militares genocidas, incluido uno de Mendoza, fue por orden judicial

Desde el ministerio que conduce Petri aclararon que acataron la orden judicial pero no fue una decisión propia. Uno de los genocidas fue condenado en Mendoza

Por UNO

Tras recibir un requerimiento del Ministerio Público de la Nación, Luis Petri dispuso la baja de 23 militares genocidas que tienen sentencia firme por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Entre los involucrados aparece Ramón Ángel Puebla, quien fue jefe de la Compañía de Comunicaciones 8, de la VIII Brigada de Infantería en Mendoza.

La medida resuelta por la cartera de Defensa -que conduce el mendocino- fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Nación.

Tras la repercusión mediática que tuvo esta noticia, desde el ministerio hicieron circular un comunicado en el que aclararon que el organismo no tomó la decisión de las bajas de los integrantes de las fuerzas armadas, sino que se limitó a cumplir la orden judicial.

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En Mendoza se desarrolla actualmente el juicio número 13 por delitos de lesa humanidad. Se reanuda el 7 de febrero.

En Mendoza se desarrolla actualmente el juicio número 13 por delitos de lesa humanidad. Se reanuda el 7 de febrero.

Dieron de baja a 23 militares condenados por genocidio

El requerimiento del Ministerio Público Fiscal enviado directamente a Luis Petri dice que se debe "disponer las bajas de agentes retirados de dichas instituciones (fuerzas armadas) que han sido condenados con sentencias firmes por delitos de lesa humanidad".

Luego, desde el área de Defensa informaron que "la resolución que da la baja a personal militar fue emitida en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenan dicha medida respecto de personas condenadas con sentencia firme".

Y agrega: "Las bajas mencionadas no responden a una decisión unilateral de este Ministerio, sino a una orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal, obligando al cumplimiento de la medida respecto del personal militar alcanzado por las sentencias condenatorias firmes".

Comunicado Ministerio de Defensa.jpg

El requerimiento del Ministerio Público dirigido a Petri fue con copias a los jefes de los estados mayores generales de la Armada Argentina y de la Fuerza Aérea Argentina.

Orden judicial para dar de baja del Ministerio de Defensa a genocidas.jpg

Uno de los genocidas dados de baja fue condenado en Mendoza

En la nómina de los 23 militares dados de baja, con sentencia firme, aparece Ramón Ángel Puebla.

La página Lesa Humanidad Mendoza, que informa sobre los juicios por este tipo de delitos en la provincia, describe que el citado Puebla fue jefe de la Compañía de Comunicaciones 8, en la VIII Brigada de Infantería.

Señala también que "según su legajo personal, el 6 de diciembre de 1975 fue designado jefe de la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, en el predio de la VIII Brigada de Infantería de Montaña de Mendoza. El 23 de diciembre de 1975 obtuvo el título de oficial de Estado Mayor".

La publicación añade que "en palabras de los propios militares, en estas dependencias funcionó un 'Lugar de Reunión de Detenidos', un eufemismo para referirse a los centros clandestinos de detención. El lugar estaba conformado por barracones con capacidad para unas 200 personas. El perímetro del predio estaba rodeado con alambre de púa y en cada extremo había soldados armados".

En enero de 1979, Puebla continuó sus servicios en la Escuela de Comunicaciones en Campo de Mayo, donde fue designado como jefe de la División Enseñanza.

Fue condenado tres veces por detenciones ilegales y tormentos ocurridos en la compañía mencionada. Recibió 18 años de prisión en el tercer juicio, 20 en el cuarto juicio y 14 en el sexto juicio de Mendoza.

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Ramón Ángel Puebla. Foto gentileza Lesa Humanidad Mendoza.

Ramón Ángel Puebla. Foto gentileza Lesa Humanidad Mendoza.

Cuatro generales y 19 coroneles dados de baja

Respecto de los demás involucrados en esta resolución están el general de división Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a perpetua por su participación en el centro clandestino Automotores Orletti, y los generales de brigada Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá y Federico Antonio Minicucci.

Los demás tenían el grado de coroneles: Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozaran, Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.

“Ninguna familia va a quedar desamparada. Al aplicarse la baja a los oficiales, los haberes que percibía el personal militar retirado pasarán a sus esposas, que cobrarán la misma suma como pensión”, afirmaron fuentes del Ministerio de Defensa al Diario La Nación.