Cuando se habla de grietas en materia de leyes, tanto el oficialismo radical como la oposición peronista tienen aciertos y fracasos con los que lucirse, o bien, pasarse facturas. Sin embargo, hay tres "hitos" legislativos que ninguno de los dos partidos que han sido gobierno han podido conseguir: La reforma de la Constitución, la Ley de Educación y la modificación -o derogación- de la Ley 7722.

Cada uno de estos proyectos pasó por la Legislatura de la provincia, y todos terminaron en fracaso, algunos más discretos y otros, como fue el caso de la ley que restringe la minería a cielo abierto, más escandalosos.

Mil y un intentos de reforma

La Constitución de Mendoza data de 1916, es decir que ya cumplió 105 años. Durante los gobiernos de los peronistas Celso Jaque, Francisco Pérez y de los radicales Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez hubo intentos de modificar la Carta Magna, y todos han ido a parar a los anaqueles de alguna oficina legislativa. Si bien cada uno de estos gobernadores aseguró que los cambios tenían que ver con darle nuevos bríos a una Constitución desactualizada, en el fondo, el gen o la sospecha de la intención de reelección del gobernador hizo fracasar a cada uno de esos proyectos.

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El gobernador Rodolfo Suarez no escatimó a la hora de mostrar la bronca que le generó que no avanzara su proyecto de Reforma constitucional.

El gobernador Rodolfo Suarez no escatimó a la hora de mostrar la bronca que le generó que no avanzara su proyecto de Reforma constitucional.

Jaque comenzó a hablar de reforma de la Carta Magna a comienzos de 2011, cuando arrancaba el año electoral y ya no había -según aseguró en su momento- posibilidad de reelección para él. Lo que primero impulsó Jaque fue la modificación del artículo 221, que es el que indica que para que pueda hacerse una reforma, la mitad más uno de los electores -todos aquellos que figuran en el padrón- debe estar de acuerdo. El cambio apuntaba a que en lugar de los electores, se tuviera en cuenta la voluntad de los que efectivamente fueran a votar. Fuera de la reelección, dos cambios que quería imprimirle Jaque a la Constitución era la limitación de la edad de los jueces y el sistema de representación del parlamento. Finalizado su gobierno, en diciembre de 2011, no lo consiguió.

El próximo en arremeter con la reforma constitucional fue Francisco Pérez, en octubre del 2012. El gobernador que sucedió a Jaque fue más plural a la hora de realizar el proyecto: convocó a expertos constitucionalistas de todas las universidades, y armó un esquema en el que, si bien se tocaba el tema reelección, lo que hacía era darle la posibilidad de una segunda vuelta a un gobernador, mientras por otra parte, limitaba la reelección indefinida de los intendentes.

Por otra parte, le agregó un paquete de modificaciones para ampliar derechos, que la vieja Constitución no posee. Pero todo quedaba tan teñido y supeditado a la reelección, intención de la que Pérez no pudo zafarse, que también ese proyecto quedó en la nada.

Le tocó el turno al proyecto de Alfredo Cornejo. Esa vez, hubo un "desencuentro" entre él y la ex vicegobernadora Laura Montero. En el 2015, el trabajo, y la preparatoria del boceto de la reforma, estuvieron en manos de Montero. Ella realizó la convocatoria de las personas que trabajaron durante un año en elaborar un preproyecto.

Con el perfil técnico de Montero, a la iniciativa no le faltaron expertos, estadísticas, referencias y muchas voces de la sociedad estuvieron representadas. Sin embargo, en 2017, el gobernador impulsó su propia iniciativa, en la que se tenía en cuenta la reelección. Hubo desencuentros entre ambos mandatarios y ninguna de las dos propuestas fue ni siquiera discutida.

Lo que sí logró Cornejo fue promulgar la enmienda constitucional al artículo 198, que permitía la reelección indefinida de los intendentes. Esto ya no corre más en Mendoza.

El último intento de introducir cambios en la Constitución provincial es del actual gobernador, Rodolfo Suarez. Este impulsó, luego del rotundo triunfo en las legislativas, la necesidad de lograr las modificaciones que aún no se han conseguido.

La Ley de Educación que no fue

Otro de los proyectos que menos éxito ha tenido al intentar impulsar una reforma integral es el de Educación. De hecho, Argentina pudo dar ese paso en el 2006, y Mendoza se quedó en el intento.

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El último intento de una ley de Educación provincial fue de la gestión de José Thomas. Los docentes protestaron porque quiso realizarse en plena pandemia y la intención quedó en la nada

El último intento de una ley de Educación provincial fue de la gestión de José Thomas. Los docentes protestaron porque quiso realizarse en plena pandemia y la intención quedó en la nada

Hubo varios avances y retrocesos. Uno que tomó gran impulso legislativo fue la creación de una Bicameral de Reforma Educativa, durante los años 2006 y 2007, que se abocó a la convocatoria de autoridades de las universidades, las escuelas, privados, los municipios, y hasta los cleros. Ese debate permaneció por lo menos dos años en Legislatura, y luego fue a parar al archivo, pues nunca se consiguió el consenso, a pesar de que el proyecto estaba absolutamente abiertos a cambios que se justificara introducir.

Luego, en 2014, mientras gobernaba el peronismo, se volvió a debatir, y tanto peronistas como radicales intentaron acordar para que Mendoza tuviera una Ley de Educación adaptada a sus necesidades particulares. Tampoco prosperó.

Mientras, durante el 2020 y el plena pandemia, se impulsó una ley de Educación que despertó la polémica, primero porque era imposible debatirla en el ámbito escolar. Realizaba, según denunciaron los sindicatos de Educación en ese momento, algunos recortes, como de inversión, presupuestarios, y hasta hubo sospechas de que desaparecerían las escuelas de arte. La propuesta debía ser avalada por un Congreso Pedagógico, cosa que nunca ocurrió, ya que Suarez lo suspendió antes de que la sangre llegara al río, puesto que ya había mucha efervescencia social al respecto.

En conclusión, la ley provincial de Educación sigue siendo una entelequia para los mendocinos.

La 7722 no se toca

Desde que se sancionó, en el 2007, no ha habido una Ley con más intentos derogación que la 7722, que protege el agua de la provincia y prohíbe la instalación de minería metalífera. En su creación participaron personajes políticos como el actual diputado y ex intedente de San Carlos Jorge Difonso (que pertenece a la coalición gobernante) y expertos que militan a favor del agua pura, como el geógrafo Marcelo Giraud. Pero lo más importante que posee esta ley es aval social, que la ha sostenido a pesar de la cantidad de estrategias para dejarla sin efecto.

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Los intentos de derogar o declarar inconstitucional a la 7722, siguen provocando protestas sociales

Los intentos de derogar o declarar inconstitucional a la 7722, siguen provocando protestas sociales

El último intento de cambiarla fue de los radicales Alfredo Cornejo y Suarez. Sin embargo, la modificación llegó después de la campaña y una vez que los radicales volvieron a ganar. En una votación consensuada con el peronismo, la 7722 fue derogada.

Sin embargo, el fracaso de ese cambio fue estrepitoso y el primer gran conflicto que debió afrontar Suarez como gobernador. Gran parte de la sociedad mendocina y no solo los asambleístas defensores del agua, se levantó en contra de la derogación de la ley, y convocó a pasar la Navidad de 2019 en las plazas. El resultado fue la vuelta atrás de esa decisión.

Actualmente, se abrió una nueva posibilidad de que la 7722 quedara en la nada, a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que aprobó el planteo de inconstitucionalidad de un artículo. Sin embargo, Suarez salió a tranquilizar a la población diciendo que sin consenso social la ley seguirá vigente. Sin embargo, la derogación de la ley 7722 es siempre una posibilidad que puede volver a cobrar fuerzas en la provincia.