Desde el regreso de la democracia, hace más de 41 años, la política viene metiendo sus uñas en los registros del automotor en Mendoza. Tanto que hoy persisten detrás de esos mostradores desde hijas de ex gobernadores ya fallecidos o alguna esposa de un juez de la Suprema Corte, pasando por ex esposas de ex intendentes, de ex legisladores y hasta de ex concejales de los distintos partidos políticos que tuvieron algo de poder.
Desde el retorno de la democracia la política metió las uñas en el control de los Registros del Automotor en Mendoza. De los 54 que existen, al menos 17 tienen vínculos con la familia política. En la imagen, Eduardo Bauzá (hijo), Carlos López Puelles y Alejandra Naman.
De 54 registros habilitados en la provincia, al menos 17 tienen alguna vinculación con la política, que les aseguró a sus allegados una tentadora caja de recaudación.
En los '90 muchos de ellos llegaron a dedo a tener el control de esos registros. Más tarde, después del 2002 cuando comenzaron los concursos, varios de los que ya tenían el control de esos registros se presentaron a rendir en la Dirección Nacional de Propiedad del Automotor y la experiencia les jugó a favor, porque terminaron afianzándose en los roles de encargados, que se parecen bastante a un cargo vitalicio.
Es que por decreto (el 644 de 1989) los encargados de esos registros son nombrados por el Ministerio de Justicia de la Nación, y sólo ese ministerio puede removerlos por un sumario, con razones irrisorisorias y obsoletas que se reflejan en otro decreto que data de 1958.
Es decir son prácticamente inamovibles y gozan de una estabilidad laboral muy parecida a la de los empleados públicos, sin serlo.
Eso explica que por ejemplo en Mendoza uno de los registros, el N°2 de San Martín siga en manos de Susana Margarita Llaver de García, la hija del ex gobernador radical Felipe Llaver, que llegó al poder en 1983 en el retorno de la democracia.
Una muestra más de que detrás de esos mostradores se acumulan capas y capas geológicas de la política, que sobreviven gracias a que durante décadas nadie se atrevió a tocarlos.
Ahora el presidente Javier Milei pretende pasar por allí su poderosa motosierra.
Sin embargo, nada garantiza que vaya a terminar con esos viejos favores de la política porque el recorte del 40% que pretende aplicar, se enfocaría en una primera etapa en aquellos registros que llevan más de 2 años intervenidos, o que fueran intervenidos en ese lapso. En Mendoza sólo uno de los 54 registros está en esas condiciones, el N°3 de San Martín, paradójicamente uno de los que no guarda relación con el mundo político, y cuyo encargado ganó el concurso el año pasado.
De igual manera aún no llega ninguna información oficial que confirme que se lo vaya a cerrar.
Influencia radical en la zona Este
El caso de la hija del ex gobernador Felipe Llaver, que comanda el registro N°2 de San Martín, no es la única muestra de la vinculación de la política con los Registros del Automotor.
Según los datos oficiales y actualizados que figuran en la web de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor, el Registro N°1 de San Martín está en manos de Eduardo Antonio Berríos, quien fuera el esposo de Teresita Llaver, otra de las hijas del primer gobernador de la vuelta de la democracia.
Además, Berríos también tiene la titularidad del registro de maquinarias agrícolas de ese departamento, que en la zona rural tiene gran incidencia en la transferencias de ese tipo de maquinarias.
La familia Bauzá y sus ramificaciones
Eduardo Bauzá padre, fue uno de los hombres fuertes de la era menemista. Ligado al ex presidente Carlos Menem desde la época en que fuera gobernador de La Rioja, el mendocino fue ganando poder en el gabinete nacional, del que fuera ministro de Salud y Acción Social, secretario general de la presidencia y jefe de Gabinete.
Desde ese lugar se puede entender que pudo tener influencia a la hora de acceder al reparto de Registros del Automotor.
El encargado del único registro de Rivadavia es Gabriel Carlos Cánovas, primer marido de Érica Bauzá, hija del ex ministro. Cánovas también tiene la titularidad del registro de motovehículos Rivadavia A.
Pero además la familia también accedió a comandar el registro N°11 de Mendoza, que está al mando de Alejandro Chizzoli, también ex pareja de Érica.
En tanto, María Laura Aguinaga, ex esposa de Eduardo Bauzá hijo (ex legislador del PJ mendocino) tiene a su cargo el Registro del Automotor N°12 de Mendoza.
La Corte y la Legislatura también reclamaron sus registros
La cercanía de los registros con el poder político no se reduce sólo a familiares de cargos del Ejecutivo, buceando en los apellidos surgen también vínculos con la Justicia y con la Legislatura provincial.
Tal es el caso de María del Carmen Zazzali de Llorente, esposa del juez de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Llorente (82), el más antiguo y experimentado del máximo tribunal que llegó a ese cargo justamente de la mano del ex gobernador Felipe Llaver. Su esposa tiene a su mando el registro N°2 de San Rafael.
La influencia de legisladores también se palpa en varios registros.
El N°5 de Mendoza está en manos de Antonio Albino Naman, hermano de la ex senadora del ARI, Alejandra Naman, que en el 2015 fue precandidata a vicegobernadora con la lista del kirchnerismo que en aquel momento lideraba Guillermo Carmona, como aspirante al sillón de San Martín.
Mauricio Le Donne es familiar del ex senador del radicalismo, Carlos Le Donne, y tiene a cargo el registro N° 3 de Maipú.
Y la última incorporación de la familia legislativa al mundo del registro del automotor fue la de la ex diputada peronista Gabriela Cecilia Sánchez, que en la gestión anterior de Alberto Fernández llegó al único registro de Godoy Cruz.
En el 2008 la ex legisladora reemplazó en su banca a Carlos Ciurca, cuando éste asumió como ministro de Seguridad en la gestión de Celso Jaque.
Entre las mujeres allegadas al poder a cargo de registros aparece también la contadora Elizabeth Maiale de González, quien está casada con Martín González Gaviola, hermano de Horacio González Gaviola, ex interventor del PAMI y cuñado del ex gobernador José Octavio Bordón.
Para las comunas también hay
Ni los ex intendentes, ni tan siquiera los ex concejales, se quisieron quedar sin reclamar su pequeño mostrador en el mundo de las transacciones automotores.
En el enfrentamiento judicial del ex intendente de Luján de Cuyo, Carlos López Puelles, y su esposa Federica Boccia, en la que el ex jefe comunal está acusado de violencia de género, se ventiló que él le reclamaba a su ex esposa que gracias a su influencia ella había llegado a ser encargada del registro N°7 de Mendoza. En la actualidad ella conserva ese cargo según los datos actualizados de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor.
En General Alvear se dio también un caso paradigmático: llegó a la titularidad de un registro la esposa de un ex concejal.
Se trata de María Laura Casado, esposa de Sebastián Martínez Barón, edil del PRO en aquella comuna sureña.
El único registro que se podría cerrar no tiene vinculación directa con la política
El único Registro del Automotor que estuvo intervenido en Mendoza es el N°3 de San Martín, que actualmente está bajo el mando de Federico Rosso Bonet, quien llegó a ser encargado luego de concursar el cargo en noviembre del año pasado.
Previamente ese registro pasó por las manos de dos encargados, uno de los cuales renunció y por esa razón se lo habría intervenido allá por septiembre del 2022, pero esa intervención derivó en que Rosso Bonet debiera acudir a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor a rendir los dos exámenes que se exigen para acceder a comandar esas oficinas.
Según pudo constatar Diario UNO, el actual encargado aprobó esos exámenes y el ex ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, firmó su designación por lo que se le entregó el mando de ese registro.
Ahora todo es incertidumbre en ese registro, porque pese a que se cumplieron con las formalidades exigidas, esa oficina está en la mira de Milei, aunque aún no hay ninguna confirmación oficial de que se lo vaya a cerrar.
Pese a que desde hace el año pasado se comenzó con la digitalización del trámite de transferencias de vehículos, en el país se habría digitalizado sólo el 25% de los trámites. Sólo por poner un ejemplo en esa oficina de San Martín se acumularían hoy unos 95.000 legajos de papel que deberían trasladarse a otro registro si es que ese finalmente se cierra.
"Si el Gobierno lo que quiere verdaderamente es generarle un ahorro al contribuyente, debería apuntar a bajar los impuestos con los que se queda el Ministerio de Justicia de la Nación por cada transferencia que se hace en los registros. Sólo para dar un ejemplo, de un vehículo que hoy cuesta $4 millones, la transferencia costaría cerca de $135.000 de los cuales el 1,5%, unos $60.000 son de impuestos de sellos de la Nación y otro 1,5% son sellos provinciales. Eso se podría bajar para ayudar al contribuyente" planteó Hugo Méndez, tesorero de la Cámara de Mandatarios de Mendoza, que conoce esa tarea de las transferencias de primera mano.