El juez federal Walter Bento fue procesado a mediados de este año por Eduardo Puigdéndolas en el caso de presunto pago de coimas y otorgamiento de beneficios a presos.
Foto: Fernando Martinez/ Diario UNOLa Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de exención de prisión de una ciudadana chilena con residencia en Argentina acusada de pagar sobornos en el marco de la causa en la que está procesado como jefe de una asociación ilícita el juez federal de Mendoza Walter Bento.
Se trata de Rosa Isabel Fernández Morales, sobre quien ya pesa una condena a dos años de prisión por contrabando de cigarrillos y una orden de captura por las nuevas imputaciones.
Fernández Morales está acusada de "cohecho activo agravado" porque presuntamente pagó un soborno de unos 40 mil dólares para obtener un cambio de carátula en una causa en la que estaba imputada y, de esa manera, conseguir la excarcelación.
La mujer, según información que cuenta el juzgado de Mendoza que investiga a Bento y un grupo de abogados y policías acusados de formar parte de una asociación ilícita, está actualmente prófuga en Chile.
Los camaristas de Casación Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos rechazaron el pedido de exención de prisión que la defensa de la mujer propuso para ponerse "a derecho".
"La defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado. Por el contrario, sólo ha expuesto su discrepancia respecto de la interpretación de los elementos del caso considerados relevantes para presumir la existencia de riesgo procesal, conforme las disposiciones legales vigentes", sostuvo el fallo.
A mediados de este año, la justicia mendocina dispuso el procesamiento del juez federal con competencia electoral Walter Bento como jefe de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de beneficios judiciales. Bento evitó la prisión gracias a los fueros como magistrado que le otorgan inmunidad de arresto.
El 5 de mayo pasado, Bento y algunos de sus presuntos cómplices quedaron imputados, más tarde, el 8 de junio, se concretó una segunda ola de imputaciones, y el 26 de julio fue otro de los días importantes en el expediente cuando el juez federal Eduardo Puigdéndolas decidió dictar el procesamiento de todos los imputados.