En tanto, el proyecto de la diputada Garnica continúa incorporando ideas, y plantea -según la propia legisladora- un foco más amplio, incluyendo también a la legislación sobre aguas termales.
Recurso finito
Actualmente, las empresas que embotellan agua pagan algunos tributos. Pero Campos aseveró que existe un "consenso social importante" para ir un paso más allá.
"Aquellos que comercializan nuestra agua, por la excelentísima calidad y pureza, además de pagar los impuestos que vienen pagando deberían pagar una regalía. En estos casos debemos considerar a este líquido como un recurso no renovable”, dijo el escribano y docente.
En ese sentido, Campos comparó la utilización que se realiza del agua para riego -que vuelve a la tierra- con la extracción de la misma para embotellar y comercializar, acción que convierte a esa agua en recurso no renovable “porque se va, no vuelve al circuito”.
En el proyecto, Campos escribió: "asumiendo la existencia de propiedad pública del recurso, el problema que enfrenta el Gobierno es el de la distribución intergeneracional". En otras palabras, indicó que si no se gestiona eficientemente la extracción, no se podrán garantizar "niveles estables de consumo" a los mendocinos del futuro.
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Las discusiones se centran alrededor del agua como un recurso finito.
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¿Como el petróleo?
Los involucrados en ambos proyectos no temen comparar el agua mineral con la extracción de combustibles. Es que el precio que se paga por un litro en el mercado de uno y otro bien no está tan lejos, mientras que las regulaciones que rigen para una u otra actividad son muy distintas.
Según el proyecto de Campos, “el monto de las regalías hídricas a pagar será calculado como el producto del volumen de agua extraída (litros), medido en la boca de extracción, por el 3% del valor promedio de venta al público ($/litros)”.
La plata sería percibida "mensualmente, en efectivo y recaudada por el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo prescripto en el Art 128 de la Constitución Provincial”.
Asimismo, el planteo del legislador es que ese ingreso tenga un destino específico. “Estos fondos -reza el proyecto- tendrán el único destino de hacer inversiones en infraestructura para la distribución del agua potable; construir plantas de tratamiento de aguas servidas; financiar y fomentar campañas de concientización del uso racional de los recursos naturales no renovables y los bienes comunes; y fomentar todos aquellos emprendimientos que tengan por objeto final el uso racional y equilibrado de los recursos naturales no renovables o escasos”.
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Emiliano Campos (UCR) es uno de los impulsores de la idea de cobrar regalías a las empresas que extraen agua mineral.
En busca de una normativa
Según comunicó recientemente el Departamento General de Irrigación en una nota enviada a la Legislatura, “no existe una norma que disponga la creación y funcionamiento de un Registro de Usuarios Industriales de Agua Mineral Natural para envasado" en Mendoza.
Se incorpora a esas empresas, simplemente, en las prerrogativas que previeron dos normas muy anteriores: la Ley General de Aguas (1884) y la Ley de Aguas Subterráneas (1974). El planeta y el mercado cambiaron mucho en las últimas décadas; de ahí la intención de actualizar las regulaciones.
Por eso es que la diputada Garnica, inspirándose en algunos proyectos de ley presentados en España, adaptó un modelo para establecer un marco jurídico que abarque no sólo las aguas minerales de Mendoza sino también los recursos termales.
"Hace muchas décadas que algunas empresas utilizan estas aguas en la provincia, y la intención es hacer que nos juntemos los sectores involucrados para adaptar la normativa a estos tiempos, de forma que el cambio nos sirva a todos", expresó la referente en diálogo con UNO.
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Marisa Garnica (PJ) considera que hace falta un marco legal acorde al siglo XXI.
Pulir las ideas
En Mendoza, las principales empresas que extraen agua mineral son Villavicencio (que pertenece a la multinacional agroalimentaria francesa Danone) y Eco de los Andes (que es del grupo suizo Nestlé). Juntas concentran buena parte del negocio en el país. Y erogan impuestos, pero no regalías específicas por la utilización de ese recurso clave.
A su turno, Garnica interpretó: "además de plantear ese debate, la intención de mi proyecto es darle seguridad a los inversores, postulando reglas claras y acordes al siglo XXI". Y añadió que "se trata de ideas que vamos a ir trabajando en conjunto, con participación de organismos provinciales como Irrigación y nacionales como el Instituto Nacional del Agua (INA)".
Entre las regulaciones que establece el proyecto de la legisladora está un etiquetado de procedencia que jerarquice el origen mendocino entre las aguas que se comercializan en el mundo. "De esa forma, garantizamos a las empresas que a la hora de competir cuenten con nuestra marca de origen", contó la entrevistada.
Por otro lado, el proyecto de Garnica contempla una dimensión netamente "social", para que se destine tanto una parte de las aguas minerales como de las aguas termales a los sectores más pobres, que no siempre tienen la oportunidad de pagarlas.
De este modo, se habilitarían puntos para que los mendocinos pudieran sacar líquido en sus propios recipientes, y se abrirían espacios para que gocen de los recursos termales a pesar de no tener dinero. Garnica sostiene: "en los últimos años se ha estudiado mucho el vínculo de estas aguas con la salud de la población. Sería un aporte en ese sentido".
En números
En enero de 2020, la periodista Paola Alé publicó en UNO una nota en la que calculaba lo que pagan las multinacionales por cada litro de agua que extraen de los acuíferos y manantiales mendocinos.
En aquel momento, las firmas abonaban un canon de $65 cada mil litros de agua. Así lo confirmaron desde el Departamento General de Irrigación, organismo que encargado de administrar este tributo.
Eso significaba aproximadamente 6 centavos por litro.
