La intervención de la Champagnat, legitimada por el decreto 2405 de 2011, duró 60 días corridos y la institución quedó normalizada.
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Sede central de la Universidad Champagnat.
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Qué dijo la Corte en el caso de la Universidad Champagnat
Los jueces Julio Gómez y José Valerio votaron en mayoría y Pedro Llorente se pronunció en disidencia.
Para los dos primeros, la acción de lesividad presentada por la Asesoría de Gobierno de Mendoza en 2016 había prescripto en 2013, dos años después la firma de las resoluciones de la Dirección de Personas Jurídicas, que fueron publicadas en el Boletín Oficial cuando Jaque ya había traspasado el mando a su sucesor, Francisco Paco Pérez.
La Asesoría de Gobierno argumentó que las resoluciones cuestionadas prescribían en 2016, cinco años después de ser emitidas, y que debían ser anuladas como consecuencia del impacto provocado en el Consejo de Administración y el funcionamiento institucional.
Y describió: "Impacto lesivo al interés público comprometido en la transparencia, ética y legalidad pública y beneficioso para personas que ingresaron ocupando cargos al Consejo de Administración".
En esto coincidió Llorente, para quien las resoluciones fueron "irregulares. Concluyo que los vicios graves denunciados en relación a las resoluciones 3240 y 3286 se verifican y que, en consecuencia, corresponde hacer lugar a la demanda y declarar la nulidad de dichos actos administrativos".
