Luego del viaje a los Estados Unidos y la aprobación del el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunieron en la Casa Rosada y acordaron dar de baja la Ley de Alquileres.
Buscan alternativas
La Ley de Alquileres será dada baja tras un acuerdo entre Alberto Fernández y Sergio Massa
Ante la retracción de la oferta en el mercado y el cambio de muchos inmuebles hacia los alquileres turísticos y temporarios, fuentes oficiales del gobierno nacional confirmaron que la polémica ley, que se votó en el año 2020, será dada de baja esta medida
El Gobierno estudia alternativas para cambiar la normativa que establecía contratos de tres años, ajustes cada doce meses y un incremento fijado por la inflación y el aumento de salarios. El Congreso debía discutir los proyectos en Sesiones Extraordinarias pero en febrero se cayó esa posibilidad.
Ante la retracción de la oferta en el mercado y el cambio de muchos inmuebles hacia los alquileres turísticos y temporarios, fuentes oficiales le confirmaron a El Cronista que tanto Massa como Fernández estudian dar de baja esta medida que se votó en el año 2020.
Se esperan resoluciones sobre cómo serán los nuevos contratos a partir de que se confirme por un Decreto la baja de la Ley de Alquileres.
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Tantos cuestionamientos tiene la norma, que tanto el oficialismo del Frente de Todos como la oposición de Juntos por el cambio ya tienen distintos despachos con modificaciones para hacerle, pero tampoco llegan a un acuerdo.
Por eso el diputado nacional Julio Cobos, convencido de que esos dictámenes no traerán soluciones, fue por un corte de cuajo: propone derogarla y que vuelva a regir el sistema anterior hasta que el Congreso discuta y logre una norma que supere las falencias actuales.
Una ley que no camina y dos dictámenes que no llevan a nada
Desde el sector inmobiliario y las agrupaciones que suelen defender a los inquilinos vienen reclamando desde hace tiempo una urgente reforma de la ley, alertando que si no se hace nada en poco tiempo no habrá inmuebles para alquilar, pero los tiempos del Congreso son otros.
El año pasado se debatieron varios proyectos en el plenario de las comisiones de Legislación General, presidida -en su momento- por la actual titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y la de Presupuesto y Hacienda, que preside el legislador Carlos Heller.
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En mayo del 2022, los diputados emitieron dos dictámenes (uno de mayoría y uno de minoría) a distintos proyectos para impulsar una nueva Ley de Alquileres, que no fue sumado al temario para ser tratado en el período de Sesiones Extraordinarias.
La iniciativa del Frente de Todos logró 40 firmas , mientras que la de Juntos por el Cambio , apoyada por el Frente de la Concordia y los interbloques Federal y Provincias Unidas, obtuvo la firma de 39 legisladores.
Uno de los temas que trata el proyecto oficialista es la creación de un plan que incentiva la construcción y adquisición de inmuebles, destinados a alquileres sociales, mediante el Estado. Esta medida incluye gravar las viviendas ociosas, es decir, las que se encuentran vacías, debido al desbalance que existe entre la poca oferta y la gran demanda habitacional.
A su vez esa iniciativa del oficialismo nacional coincide con la ley actual en dos puntos : que el contrato siga siendo de 3 años y que la actualización anual de los valores de los alquileres esté basada en el índice de inflación, medido por el Indec y la variación salarial que publique el Ripte del Ministerio de Trabajo.
Del lado de la oposición, el proyecto busca que el contrato sea por dos años como era antes y que los aumentos se realicen a través de un acuerdo entre las partes. Para fijar un parámetro deberían basarse en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS). Además, la actualización de los precios, también tendrá que ser consensuada y podría incluir un ajuste cada tres meses o cada un año.
Sin embargo, al entender de Cobos ninguno de esos dos dictámenes están cerca de dar una solución rápida a la grave situación que ya desató la ley de alquileres, y entiende que el mejor camino es derogarla hasta tanto se logre una norma que la supere.