El fiscal Juan Manuel Sánchez informó personalmente a los imputados de la causa por los disturbios en la marcha antiminería contaminante en Uspallata acerca de que seguirá en el fuero local, tal como decidió la jueza Claudia Tula la semana pasada.
Marcha en Uspallata. Activistas contra la minería contaminante pasaron este lunes por el Polo Judicial.
Este lunes, en el Polo Judicial se presentaron Mauricio Cornejo y Federico Soria, principales imputados por coerción ideológica y amenazas coactivas agravadas contra Edgardo Vera, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de la localidad, donde se encuentra la mina San Jorge en la que se busca explotar el proyecto PSJ cobre mendocino.
Los activistas fueron notificados de las últimas novedades de la causa después de que se resolviera, en principio, el conflicto por la competencia provincial o federal.
Sobre este punto, el jueves habrá una nueva audiencia en la que se dirimirá un planteo de nulidad planteado por la defensa contra la decisión de la jueza Tula, del Juzgado Penal Colegiado Nº 2.
La causa de los ambientalistas antiminería volvió a la fiscalía local
El fiscal notificó personalmente a los imputados la resolución del 24 de abril, por la que la jueza Claudia Tula, que había declarado su incompetencia, retomó la causa después de que la Justicia Federal no aceptara la competencia, entre otros motivos, por ser un fuero de excepción.
Además de ello, el fiscal Sánchez les recordó las reglas de conducta que acordaron para el otorgamiento del levantamiento de la prisión preventiva, como la prohibición de acercamiento.
La vuelta de la causa a la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados fue definida por la jueza del Juzgado Penal Colegiado Nº2. Lo decidió en virtud de la “remisión efectuada desde el juez del Juzgado con Funciones de Garantías en Mendoza Nº2, del fuero federal”.
Ya el Ministerio Público Fiscal de Mendoza se había expresado considerando que los autos sí son de su competencia, mientras que el Ministerio Público Fiscal de la Nación expresó que "...no se advierte que haya afectación de intereses del Estado Nacional...” y en virtud de ello no aceptó la competencia y solicitó al juez federal que remita las actuaciones al fuero provincial.
La jueza local se hizo eco de esos argumentos esgrimidos por los representantes de los ministerios públicos, titulares de la acción penal, y resolvió en consecuencia recibiendo las actuaciones en la órbita provincial.
Pedido de nulidad y nueva audiencia
Ante esta resolución, la defensa de los activistas antiminería contaminante presentó un escrito pidiendo la nulidad de la misma y de todo lo actuado desde entonces.
El planteo se fundamenta, según expresaron a Diario UNO, en que el juez federal no remitió las actuaciones a la justicia de Mendoza sino a la “Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos que dirima el conflicto de competencia suscitado (art. 48 CPPF)”; por lo que la defensa pretende que esto se cumpla y sea el máximo tribunal el que decida quién es competente para actuar en la causa.
Sobre este planteo versará una nueva audiencia a realizarse el jueves 8 de mayo, conforme la convocatoria de la jueza Tula.
Desde el Ministerio Público Fiscal de la Provincia entienden que la causa contra los ambientalistas antiminería contaminante deberá seguir su instrucción en el fuero local dado que, al aceptar la competencia la magistrada Claudia Tula, ya no hay conflicto de competencia a resolver por parte de la Corte Suprema.