El fiscal federal de Mendoza Fernando Alcaraz pidió este martes un juicio oral para 34 acusados de conformar una organización criminal que traficaba armas entre Argentina y Chile. Los involucrados están acusados de contrabando agravado de armas, acopio de armamento de guerra, tenencia ilegítima de armas y, en algunos casos, por infracción a la Ley de Estupefacientes.
La Justicia Federal de Mendoza pidió llevar a juicio oral a 34 personas por tráfico de armas de guerra
El fiscal federal Fernando Alcaraz concretó el pedido de juicio oral por asociación ilícita, contrabando de armas y hasta por infracción a la ley de estupefacientes
Además, el representante del Ministerio Público Fiscal de la Justicia Federal solicitó que los acusados sean juzgados también por asociación ilícita.
La banda operó entre octubre de 2021 y diciembre de 2023 principalmente en Mendoza, pero con ramificaciones en otros puntos del país, Chile y Brasil. Los allanamientos simultáneos en nuestra provincia, en Buenos Aires y en Santiago permitieron desarticular a esta organización criminal, de la que no se difundieron los nombres de sus integrantes.
El caso en manos de la Justicia Federal
De acuerdo con la acusación, la organización operó entre octubre de 2021 y diciembre de 2023 con ramificaciones en la Argentina y Chile y también con conexiones con Brasil, desde donde parte del material fue adquirido e ingresado al país mediante maniobras destinadas a eludir controles fronterizos y aduaneros.
Después el cargamento era trasladado inicialmente a Buenos Aires y posteriormente a Mendoza, donde se coordinaba el cruce clandestino hacia Chile mediante camiones de cargas internacionales que ocultaban las armas en las cabinas de los vehículos.
La banda estaba conformada por ciudadanos argentinos y chilenos que cumplían funciones diferenciadas, desde la adquisición del armamento y la recepción de transferencias de dinero hasta su almacenamiento, transporte y cruce clandestino hacia territorio chileno.
La organización contaba con dos jefes radicados en Chile que definían el origen del armamento, los itinerarios y los pasos fronterizos para concretar las maniobras. Debajo de ellos se encontraba una red de organizadores que coordinaba la logística en territorio argentino y chileno, junto con un grupo de colaboradores encargados de recibir y remitir giros internacionales, trasladar cargamentos y asegurar el ingreso de las armas a destino.
La investigación
El 2 de abril de 2022 ocurrió uno de los primeros hechos atribuibles a esta organización, cuando personal de la Gendarmería Nacional detuvo en la Ruta 7, a la altura de La Paz, a uno de los acusados que viajaba en un colectivo de larga distancia con once armas de fuego y 18 cargadores ocultos entre su equipaje.
El posterior peritaje de su teléfono celular permitió reconstruir comunicaciones con otros integrantes de la estructura, identificar financiamiento proveniente de Chile y reconstruir un viaje previo a la frontera con Brasil para la adquisición del armamento que había sido encontrado.
El 17 de abril de 2022, otra maniobra similar fue frustrada en un control vial en la zona de Uspallata. Un camionero que se dirigía a Chile con una carga de azúcar fue interceptado cuando transportaba ocultas en la cabina 11 armas de fuego, siete cargadores y más de 2.000 municiones. El material había sido trasladado desde Buenos Aires hacia Mendoza por otros integrantes del grupo y entregado al conductor horas antes del intento fallido de cruce.
La pesquisa también permitió detectar una tercera modalidad de traslado. El 19 de diciembre de 2023, dos ciudadanos chilenos fueron interceptados durante un operativo sobre la ruta nacional 38, en la provincia de Tucumán, mientras transportaban 8 pistolas y 5 cargadores que llevaban ocultos entre la ropa y el equipaje en un colectivo de pasajeros. Para Alcaraz, ambos actuaban como enlaces operativos de la organización y respondían a instrucciones impartidas desde Chile y Buenos Aires.
Investigaciones conexas
Con el avance de la pesquisa, fue posible establecer conexiones entre estos hechos con otras investigaciones ya en curso. De esta manera, se acumuló a la causa principal otro caso de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano, y otra investigación federal de la provincia de Tucumán, que estaba a cargo del fiscal federal Agustín Chit.
El trabajo colaborativo de las tres fiscalías permitió al MPF tener una visión global de la organización, identificando ramificaciones que de otro modo habrían quedado aisladas.
La coordinación internacional
El 23 de mayo de 2024 se realizaron allanamientos simultáneos en más de 30 domicilios ubicados en Mendoza, Buenos Aires y Santiago de Chile.
Se secuestraron armas de fuego, cargadores, municiones, teléfonos celulares, documentación y otros elementos.
Además, fue posible detectar una actividad paralela vinculada con narcomenudeo, ya que en distintos domicilios de Maipú fueron secuestradas dosis de cocaína y marihuana, balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento y registros de ventas.






