La Justicia Federal declaró la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 575/2025 con el que Javier Milei estipulaba que el Estado se quedara con los bienes y el dinero secuestrados en causas penales federales. Y ante el fallo, la vicegobernadora Hebe Casado salió a recordar que en Mendoza ya es ley desde el 2019.
Bienes de la corrupción
La Justicia anuló un DNU de Javier Milei y Hebe Casado resaltó que en Mendoza ya es ley
El DNU disponía que el Estado se quedara con bienes secuestrados en causas federales, pero la Justicia lo frenó. Casado marcó que aquí se aplica desde el 2019
Hebe Casado defendió la decisión del Estado de avanzar sobre bienes provenientes de secuestros penales y mostró que en Mendoza ya es ley desde el 2019.
Fue la Cámara Federal en lo Penal Económico quien anuló el DNU presidencial que pretendía modificar el régimen de administración, conservación y disposición de bienes y dinero secuestrados en causas penales federales.
Ante el fallo, la vicegobernadora usó sus redes sociales para enrostrarle a la Justicia Federal que en la provincia esos bienes que probadamente provienen de hechos de corrupción ingresan a la Tesorería General de la Provincia y se destinan a la construcción y reparación de escuelas.
Y compartió el artículo 10 de la Ley de Extinción de Dominio que rige en la provincia desde el 2019.
Los argumentos de la Justicia para el revés que le dio a Javier Milei
La Cámara en lo Penal Económico, con la firma de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, anuló el DNU 575/2025 dictado por el Ministerio de Justicia, y respaldó así el fallo de la Corte Suprema de Justicia que se reservaba la facultad de registrar y administrar los bienes decomisados en las causas federales.
Hay que recordar que esta batalla de la gestión de Javier Milei se dio en coincidencia con las decisiones de los tribunales orales que condenaron a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez por la causa Vialidad y la Ruta del dinero K, y tenía el objetivo de rematar sus bienes por una suma de más de 640 millones de dólares.
Sin embargo el tribunal sostuvo que el decreto fue dictado durante el período de sesiones ordinarias del Congreso y que no se acreditó que el Poder Legislativo estuviera impedido de sesionar para tratar una ley sobre la materia.
En ese sentido, citó el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que establece que el Poder Ejecutivo “no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”.
Y sumó que no había argumentos para sostener la situación de "necesidad y urgencia" que justificara el dictado de ese DNU.
El caso mendocino: la venta de la mansión de Lobos y los fondos para escuelas
El 11 de noviembre pasado la DGE destinó a la reparación de edificios escolares los $172.241.977,30 recaudados por el remate público de la denominada "mansión de Luis Lobos" en Guaymallén.
De este modo, el gobierno escolar dio cumplimiento a la ley de extinción de dominio que habilitó luego del primer fallo de la Justicia Civil en el país, a invertir en reparaciones y/o construcción de establecimientos escolares el producido de las subastas de bienes adquiridos mediante conductas delictivas, como en este caso por corrupción en el ejercicio de la función pública.