Luego de relacionarme con padres y madres de jóvenes y adultos con discapacidad, me manifestaron la triste realidad que atraviesan al momento de buscar su inserción laboral. Cuando la persona con discapacidad es menor, se le garantiza el acceso a la salud, a la educación, a sus prestaciones de apoyo. El gran inconveniente se presenta cuando ese menor deja de serlo y necesita como todo joven iniciarse laboralmente o cuando un adulto se ve alcanzado por una incapacidad sobreviniente por motivos de diversa naturaleza. ¿Cómo juegan los principios de dignidad y autonomía cuando no se tiene acceso a conseguir un empleo que genere el sustento del sujeto y su familia?
La antigua discusión entre integración o inclusión debe quedar atrás y su visión superadora debe trascender a todos los ámbitos. Ya en algunos países no se habla de escuelas inclusivas, o instituciones inclusivas sino simplemente de escuelas o instituciones, porque la palabra inclusiva suena desacertada, ¿cómo incluir lo que ya es parte?. Por eso estamos trabajando para lograr un Municipio que promueva el bienestar de todos sus habitantes y que pueda llamarse sólo Municipio.
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El presidente del Concejo Deliberante de Godoy Cruz, Fabricio Cuaranta, aboga por contratar personas con discapacidad en el Estado y explica las herramientas que tiene el municipio.
Actualmente nos encontramos inmersos en el modelo social de la discapacidad en camino a un modelo superador, el modelo de los derechos humanos, donde dejamos de definir la discapacidad fijándonos en la persona, y pasamos a ver lo que realmente genera la discapacidad, que no es otra cosa que las barreras que encuentra la persona en la sociedad para lograr el pleno ejercicio de sus derechos, y es ahí, en esa sociedad donde debe trabajar el gobierno local.
En relación estricta con el derecho a trabajar, históricamente los países ante la demanda de una minoría específica han recurrido al tradicional remedio de una Ley de Cupos. En este sentido, la Ley 22.431, obliga al Estado nacional, sus organismos, empresas públicas y privadas concesionarias de servicios públicos a que sus empleados sean en al menos un cuatro por ciento (4%) personas con discapacidad, obligación que se ha trasladado al Gobierno provincial y municipal.
Ante la insuficiencia de solución lograda por la normativa, el Estado debe actuar, y propiamente el gobierno local de Godoy Cruz ha generado sus propias herramientas.
Existe un tabú en todos los ámbitos en relación a la contratación de personas con discapacidad y esto se supera con educación, conocimiento, promoción y participación. El Estado municipal no solo trabaja en eliminar las barreras edilicias, sino que tiene que trabajar en la promoción del desarrollo de las personas con discapacidad en todos sus aspectos.
Si hablamos de lo estrictamente laboral, contamos con un gran abanico de herramientas, tales como promover la contratación privada de personas con discapacidad otorgando a los contratantes beneficios fiscales, utilizando los medios de difusión del departamento para promocionar sus comercios, brindando asesoramiento y seguimiento en cada contratación. El municipio hace esfuerzos para ser un puente entre las asociaciones y fundaciones que las agrupan y los privados que desean avanzar a este nuevo modelo social, con acciones concretas orientadas a una nueva mirada ante los desafíos actuales.
Nadie está exento de tener una discapacidad, por múltiples factores. El desafío es pensar en cómo podemos organizarnos y fortalecer todos los procesos de integración.
