La Suprema Corte de Justicia convocó a una audiencia oral para pasar a resolver si confirma o no la condena por fraude a la administración pública impuesta a Luis Lobos y su pareja, Claudia Sgró, en mayo de 2019.
La Corte llamó a audiencia para resolver la apelación de Luis Lobos a la condena de 2019 por fraude
En caso de quedar firme, tendrán la última chance: la Corte de la Nación. Por ello, no irían a prisión.
Por el caso de los empleados truchos de la Municipalidad de Guaymallén, el ex intendente peronista a cargo hasta 2015 y su pareja recibieron penas de prisión efectiva de 4 años y 6 meses y 3 años y 4 meses respectivamente.
La apelación contra esa decisión de los jueces Marcelo Gutiérrez del Barrio, Aníbal Crivelli y Jorge Luis del Pópolo fue presentada por los condenados en agosto de 2019 y es tratada recién ahora porque la Corte no tiene plazos para resolver estos planteos.
La decisión que tomen los jueces Mario Adaro, José Valerio y Omar Palermo es de vital importancia porque empezará a definir la suerte procesal de Lobos, que a partir del 10 de agosto será juzgado por otros dos delitos: fraude por el alquiler de una plata elaboradora de asfalto y enriquecimiento ilícito por bienes inmuebles y muebles a su nombre y también de Sgró.
La audiencia de este jueves se realizará en los tribunales y fue convocada a pedido del abogado defensor, Fernando Lúquez.
Participará, además, la Municipalidad de Guaymallén en su rol de querellante particular.
Una vez que el letrado exponga los motivos por los que se opone a la condena de 2019 a Lobos y Sgró, los tres supremos de la Sala II de la Corte quedarán en condiciones de deliberar y arribar a una sentencia confirmatoria o no del fallo.
Se espera que haya definición este viernes o la semana próxima, a partir del 2 de marzo, a más tardar.
Este pronunciamiento también alumbrará una decisión acerca de María Elena Fernández, ex suegra de Lobos y madre de Sgró, quien estuvo imputada durante la investigación penal a cargo de Delitos Económicos pero no fue juzgada por razones de salud que la aquejaron antes del inicio del debate.
El caso de los empleados truchos de Guaymallén reveló que durante la gestión de Lobos se liquidaban sueldos a personas a las que se incorporaba a la planta permanente.
Esas personas no recibían el dinero, ya que el mismo era retirado por Fernández de cajeros automáticos de Guaymallén y Ciudad, tal como quedó demostrado en filmaciones de videoseguridad bancaria incorporadas al expediente.
Fue clave la denuncia de una mujer que trabajaba para la suegra de Lobos y que declaró que ella y su hijo fueron registrados como agentes municipales, que no trabajaban y que les daban una porción del sueldo ya que el resto lo cobraba Fernández.





