El empresario Juan José Retamero, titular de la compañía Aisa Group y dueño de la mina de oro Gualcamayo que intenta ingresar al RIGI, anunció que planea hacer una donación de U$S500 millones a obras de bien público.
El 100% del capital provendría de los fondos que puedan ser recuperados de diversas causas judiciales en trámite por recupero de sumas pagadas sin que se haya entregado el producto y serán invertidos en uno o más parques fotovoltaicos que el grupo tiene en desarrollo. El rendimiento que produzca esa inversión será donado en Argentina a obras de bien público y de desarrollo social.
De esta manera, el empresario que tiene inversiones en minería, energía, pesca, real estate y agroindustria entre otras, espera llegar a una inversión en obra social cercana a los U$S500 millones en 30 años, en lo que sería una de las mayores donaciones de este tipo en la historia del país.
Por qué Retamero decidió ahora la donación
El tema toma nuevamente relevancia en razón de que a fines de octubre la Tercera Cámara Civil, Comercial, Minas y Tributaria de Mendoza dictó sentencia favorable ratificando el laudo arbitral en la contienda por el recupero de sumas abonadas, que según informó Aisa obliga a los demandados Marcelo Bocardo, Jugos Australes S.A. y Eco Green International LLC al pago de U$S12 millones más intereses, unos U$S16 millones según Retamero.
La sentencia fue recibida por Aisa Group como una gran noticia para la compañía porque "constituye una señal concreta de que las reglas de juego se cumplen y de que el sistema judicial argentino protege a quienes invierten con integridad y responsabilidad".
Además, la decisión de Retamero abarca no solo lo que pueda recuperarse en esta causa, sino de otros conflictos judiciales similares que el grupo mantiene en el país: Fraccionadora San Juan, Antonio González SA (Bodegas Galán) y Fecovita, basados en el mismo caso de haber habido productos pagados en forma previa y no entregados.
Los elogios a la seguridad jurídica
"Esta sentencia es una gran noticia no solo para Aisa Group, sino para el empresariado argentino y para el país en general. El 100 % de los fondos que puedan recuperarse se destinará a producir energía limpia y su rendimiento se reinvertirá, año tras año, en obras de bien público. Es un compromiso de largo plazo con el desarrollo y el bienestar de la sociedad argentina", expresó Retamero.
"La seguridad jurídica es un pilar fundamental para atraer inversión extranjera directa, ya que proporciona certidumbre sobre la estabilidad de las normas, la protección de derechos y la certidumbre de lo pactado. Los mecanismos arbitrales que han sido ratificados con la reciente sentencia, se han consolidado como herramientas clave para resolver disputas vinculadas a inversiones, generando confianza en los mercados de Argentina y de América Latina, por lo que la ratificación expresasa por el Tribunal de Alzada ayuda al crecimiento de la inversión en el país", agregó.
La vinculación con Fecovita
La decisión de Retamero abarca no solo lo que pueda recuperarse en la causa mencionada, sino de otros conflictos judiciales similares que el grupo mantiene en el país: Fraccionadora San Juan, Antonio González SA (Bodegas Galán) y Fecovita.
"Todos ellos tienen la misma matriz de daño: productos pagados en forma previa y no entregados", afirman desde la compañía.
La fundación impulsada por Aisa Group será un espacio de colaboración y acción concreta para transformar el capital que sea recuperado en obras, oportunidades y proyectos de bien público. "De esta forma, lo recuperado se transforma en un modelo progresivo y perdurable, que convierte el capital en propósito y amplía de manera exponencial el beneficio social. Según las proyecciones de rentabilidad, el impacto total final de la reinversión y rendimiento de lo que pueda recuperarse de las distintas causas judiciales, podría llegar a la suma estimada de USD 500 millones, consolidándose como uno de los compromisos sociales más relevantes del empresariado a nivel global".



