Fuentes vinculadas a la compañía aseguraron que se hicieron todos los análisis dispuestos por los organismos de control - y otros están en marcha- y aclararon que en el área hace al menos unos 20 años que no hay nuevas perforaciones.

La sanción aplicada a YPF es por el valor de $1 millón por "contaminación hídrica" constatada en el drenaje y por "riesgo de contaminación al río Mendoza", a raíz del incidente que se produjo en septiembre de este año. Según explicaron es la máxima sanción económica que puede aplicar el ente.

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Toma de muestras por Irrigación y la Dirección de Protección Ambiental en el yacimiento de Lulunta.

Toma de muestras por Irrigación y la Dirección de Protección Ambiental en el yacimiento de Lulunta.

El rol de Irrigación

La decisión de la Superintendencia de Irrigación se conoció hace unos días, pero el órgano ya viene efectuando el seguimiento al plan presentado por la empresa hidrocarburífera. Al mismo tiempo, el Departamento de Protección Ambiental -dependiente del Ministerio de Ambiente y Energía- también requirió análisis complementarios.

El director de Gestión Ambiental del Recurso Hídrico del DGI, Fabio Lorenzo, indicó que se le solicitó a la empresa que realizara un estudio en los 200 m2 donde se encontraron las manchas de petróleo y en el total del área del yacimiento para descartar o confirmar otros pasivos ambientales. Además la compañía debe presentar cada 15 días análisis de muestras de agua de la zona.

"Hasta ahora en las más 35 muestras de 4 muestreos de agua subterránea y superficial, posteriores al incidente, no se encontraron hidrocarburos", aseguró Lorenzo.

Una vez que se cumplimente la documentación y que se corrobore que no haya otros pasivos, la empresa podrá hacer una remediación de la zona, retirando la tierra afectada por el derrame de petróleo, la que debe ser dispuesta en un lugar seguro para no generar contaminación.

"Hay que aclarar que la DGI participa de todos estos controles junto con la DPA", sostuvo Lorenzo.

La sanción de la DGI a YPF

La sanción económica va de la mano de una serie de estudios complementarios y monitoreos que deben ser informados a los organismos de control dentro de las 12 horas de producido el incidente. La empresa tiene 10 días para apelar la resolución.

Fuentes cercanas a YPF recalcaron que se está dando cumplimiento con los requerimientos de los órganos de control y recalcaron que hace 20 años que no hay nuevas perforaciones.

"Lo que creemos que puede tratarse de un pasivo ambiental de antigüedad debido que hace 20 o 30 años no existían estos protocolos como los que hay en la actualidad", deslizaron.

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